Luego del fin de la Guerra Fría —que se dio con la disolución de la Unión Soviética en diciembre de 1991—, el mundo ha vivido en un orden mundial relativamente estable, el cual se basa en reglas tanto consuetudinarias como escritas y que, pese a los diversos conflictos que han surgido entre naciones y las desafortunadas crisis humanitarias, ha contribuido a la noción de estabilidad y paz internacional (sin ahondar en el trasfondo que representa la posesión de armas nucleares y la amenaza de destrucción masiva como mecanismo de coerción en conflictos mayores). No obstante, la arena internacional ha cambiado sobremanera en cuanto al rediseño del balance de poder, especialmente porque dicho balance ya no viene amarrado a la idea de asegurar la libertad de todos, particularmente a través del derecho de los menos poderosos.
El primer trimestre de 2026 pone a Panamá en una encrucijada entre dos fuerzas de magnitud histórica: por un lado, la turbulencia geopolítica global causada por la guerra en Medio Oriente y sus consecuencias en el comercio mundial; y, por el otro, la crisis interna de gobernanza que acumula quinquenios de disputas de poder, ineficiencia y opacidad. La realidad es que el modelo sociopolítico panameño muestra señales claras de agotamiento, y este primer trimestre ha servido de espejo para reflejar las fracturas estructurales que el país no ha podido atender debidamente.
El escenario global: la guerra en Irán y la gran disrupción en el comercio energético mundial
La guerra en Irán —cuyo inicio se dio el 28 de febrero de 2026, con bombardeos aéreos por parte de Estados Unidos e Israel en varias ciudades iraníes— ha desencadenado crisis políticas en la región y entre aliados tradicionales de los EUA, que han visto en las posturas de Washington un distanciamiento de los principios y valores tradicionales de las relaciones trasatlánticas con Europa. Sin embargo, pese a que las alianzas son la base del éxito económico y militar de los EUA, la administración Trump ha adoptado una postura mucho más utilitarista, en la cual el enfoque principal es el beneficio de retorno o, en pocas palabras, la diplomacia del gran poder, ya que tiene la capacidad de rediseñar su política exterior sin preocuparse tanto por las consecuencias colaterales en su mercado y su sistema a nivel doméstico.
Otra consecuencia de la guerra en Irán, y quizás la más relevante, es el shock del petróleo y la crisis en el mercado energético internacional. El conflicto bélico ha derivado en el cierre del Estrecho de Ormuz, ruta por donde transita más del 20% del petróleo mundial y, por ende, el crudo Brent saltó de aproximadamente 70 a más de 110 dólares por barril, siendo estos precios de los más altos desde la invasión rusa a Ucrania en 2022. Analistas de Wood Mackenzie hacen referencia a esto como una situación de “hervir un sapo”, ya que los precios del crudo podrían llegar hasta 200 dólares por barril de prolongarse la guerra, y las personas no serían capaces de reaccionar a tiempo ante la magnitud de la amenaza.
El Canal como beneficiario inesperado
Aunque los precios del combustible han aumentado y, por consecuencia, también lo han hecho los costos del transporte, los alimentos, la energía eléctrica y demás rubros dependientes de hidrocarburos, el conflicto en Medio Oriente estaría beneficiando al Canal, ya que, cuando los costos de navegación suben, la ruta panameña se vuelve más competitiva y una opción mucho más segura. Si los costos energéticos y el conflicto persisten, transportar carga a través de Panamá puede reducir los viajes en varios días, dependiendo de las rutas, además de disminuir el consumo de combustible. A pesar de esto, el país se enfrenta a un golpe adicional a la economía de los ciudadanos, sumado al ya alto nivel de desempleo, que alcanza un 10.4% y afecta a más de 227,000 personas.
Disfuncionalidad en la política doméstica: el Estado que no se ve
No es un misterio que la Asamblea Nacional se encuentra altamente fragmentada y polarizada, y que, aunque existe cierta disposición a cooperar, el bloqueo legislativo sigue siendo un riesgo real para la gobernanza, especialmente cuando la ineficiencia y la carga de gastos innecesarios —como la contratación de “botellas” y de personal sin las calificaciones para los cargos que ocupan— continúan entorpeciendo la forma de hacer y vivir la política panameña.
Adicionalmente, el escenario político se ve fuertemente influido por la sombra del expresidente Ricardo Martinelli, quien se encuentra exiliado en Colombia, y por el juicio del caso Odebrecht, que, además de involucrarlo a él, también incluye al expresidente Juan Carlos Varela y a otras figuras clave de esos gobiernos.
El país vive una división profunda, en la cual parece casi imposible que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo sobre cuál es la ruta menos dolorosa y costosa para enmendar el rumbo. Asimismo, las presiones extranjeras y las disputas con otras naciones en temas como la soberanía del Canal de Panamá y la inconstitucionalidad del contrato de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal a Panama Ports Company (PPC) han empujado al país a alejarse de su posición de neutralidad, impactando directamente en la percepción de confianza de la población en el Estado.
Panamá obtuvo 33 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción en el reporte de 2025 de Transparencia Internacional, manteniéndose muy por debajo de la media en las Américas. El costo acumulado de la corrupción a lo largo del periodo de retorno a la democracia (con la toma de posesión del expresidente Guillermo Endara en 1989) asciende a miles de millones de dólares, dinero que lastimosamente no se invirtió en mejor educación, mejores infraestructuras ni en un sistema de salud digno y eficiente.
Pese a los discursos anticorrupción y a la renovación de políticos de todas las categorías —representantes, alcaldes, diputados—, la opacidad, el nepotismo y el despilfarro de recursos de los contribuyentes siguen persistiendo. La paradoja actual radica en que se afirma que no se necesitan nuevas leyes contra la corrupción, sino voluntad real para aplicar las que ya existen; sin embargo, en la práctica, se continúan nombrando amigos con salarios exorbitantes, se otorgan contratos cuyos beneficiarios finales son allegados al gobierno y se concede un trato preferencial en la justicia a condenados por corrupción.
La situación de nuestro país es bastante peculiar, principalmente porque el mundo necesita de nuestro Canal más que nunca; pero, para que este conserve su relevancia, no puede aislarse del principio de neutralidad. Además, las rupturas —tanto geopolíticas como legislativas— y la desconfianza ciudadana en nuestras instituciones se traducen en los síntomas de un modelo que lleva años mostrando sus límites. Finalmente, la verdadera pregunta no es sobre los recursos para superar los desafíos políticos y económicos que se avecinan, sino sobre nuestra capacidad y voluntad para hacerlo.
El autor es internacionalista.
