La camioneta era casi nueva y el kilometraje era bajo, pero de pronto el motor paró. El concesionario pensó que la causa era el aguacero del día anterior o el estilo de manejo del conductor, pero al final resultó que era un defecto de fábrica. Un tornillo del motor se había “decapitado” por fallas del material. Cinco meses tardó la camioneta en salir del taller.

Otro caso en otro país: en 1984 una supuesta irregularidad en la compra de un tornillo para su fuerza aérea fue noticia mundial. Pagaron $17.59 contra $0.67 por el mismo tornillo dos años antes; un aumento de 2,625%. ¿Y qué decir de los mil 880 dólares pagados por la tapa de un servicio sanitario de otro avión?

Estos ejemplos reflejan los tres principales retos de toda contratación pública. Primero, calidad. La contratación debe asegurar que se comprará originales o genéricos, pero de calidad bien comprobada. Una falla puede tener consecuencias catastróficas. Segundo, disponibilidad. Debe estar a disposición en el momento que se necesite. Tercero, precio.

A primera vista pareciera escandaloso lo pagado por el tornillo y por la tapa del servicio. Sin embargo, habría que analizar varios factores que la noticia no reportó. Por ejemplo, ¿con qué frecuencia se dañan esas piezas? Es necesario tenerlas disponibles en cantidades que justifiquen una compra a precios más bajos? Mantener inventario de algo que poco falla puede significar un gasto sustancialmente mayor. ¿La situación permite esperar por el repuesto? ¿Cuánto tiempo? ¿Se justifica pagar extra por una fabricación o entrega especial?

En Panamá algunas instituciones públicas han logrado descifrar ese rompecabezas. Una de estas es la Caja de Seguro Social (CSS), cuyo sistema de compras de medicamentos incorpora esos tres factores, basándose en conceptos novedosos estipulados en dos leyes.

La Ley 1 de medicamentos estableció que las instituciones estatales de salud solo pueden comprar medicamentos innovadores o genéricos, con intercambiabilidad comprobada con ese innovador; es decir, el paciente no debe sentir diferencia entre ambos. La Dirección de Farmacia y Drogas debe certificar esa intercambiabilidad. Desafortunadamente, eliminaron esa exigencia mediante un comunicado, violando ese avance. Un pecado. La Ley 51 de la CSS estableció un sistema de compras llamado licitación de precio único, según este la institución puede comprar todos los medicamentos que necesite cada centro de atención en una sola licitación.

El ganador de cada renglón tendrá exclusividad por el tiempo establecido, pero deberá entregar cada cantidad solicitada al precio ganador, otro gran avance que corrigió severas distorsiones del pasado. Así, durante un período que puede ser superior al año, cada unidad ejecutora puede pedir, poco a poco, solamente lo que necesite, sin necesidad de grandes depósitos y evitando pérdidas, rupturas y vencimientos.

La compra de medicamentos es más complicada que comprar tornillos. Incorpora exigencias adicionales, como fecha de vencimiento, cadena de frío, marcajes especiales, ventana terapéutica, etc. El sistema no es perfecto –sobre todo lo referente a los pagos y las exigencias–, pero es una excelente base sobre la que se puede mejorar para atraer más oferentes y menores precios. Se puede lograr buscando un mayor equilibrio contractual con exigencias razonables y claras, para que el objetivo sea obtener productos con calidad, seguridad y eficacia comprobadas al mejor precio disponible. Los pagos a proveedores deberán cumplirse dentro del plazo establecido y no deberá existir la menor percepción de influencia indebida, dos de los pecados originales en contrataciones públicas.

Para lograrlo, las nuevas autoridades que cada cinco años aparecen con “sus libritos” deberían dedicarse a estudiar, oír y aprender que solo pueden hacer lo que las leyes señalan. También deberán respetar la carrera administrativa del personal técnico. Remover personal por clientelismo político es otro pecado original en contrataciones públicas.

Aún teniendo obvias deficiencias, el sistema ha funcionado muy bien por 12 años, produciendo grandes ahorros. Hay ejemplos extraordinarios como que, en siete años, en un solo renglón la CSS redujo su gasto anual en 3,370%. Pasaron de $0.30 cada tableta de innovador a $0.0089 por tableta de genérico intercambiable, sin afectar a los pacientes. El gasto anual de ese renglón pasó de $2,400.000 a $71,200. Y eso sí debió ser noticia mundial. Por eso, antes de cambiar leyes, procedimientos y gente, deberían investigar ¿qué falló? ¿Qué causó el desabastecimiento?