En las áreas rurales hay panameños que se alumbran con guaricha; en sectores cercanos a la ciudad muchas familias están sin agua potable; hay niños que mueren de enfermedades curables, y nuestros compatriotas de los pueblos originarios padecen de desnutrición alarmante. Estos son algunos problemas sociales que bien pudieran ser resueltos, si no fuera por el depredador monstruo de la corrupción.

Panamá es un Estado en vías de desarrollo impactado por el flagelo de la corrupción, de manera particular en el último lustro. Es un grave obstáculo que impide avanzar en la consolidación del sistema democrático, del pleno ejercicio y disfrute de los derechos humanos y del índice de gobernabilidad que permitan el desarrollo del Estado. La corruptela en la administración pública (también existe en el sector privado) afecta las condiciones políticas, sociales y económicas que permitirían la aplicación de políticas públicas para eliminar las deficiencias sociales, disminuir la pobreza y la desigualdad, y asegurar el bien común.

Durante la dictadura militar, así como en la época posinvasión estadounidense, significativos sectores de la sociedad han considerado que la corrupción es algo “normal”, y que todos los políticos gobernantes roban y lucran. En las elecciones celebradas en mayo de 2014, los panameños expresaron su indignación contra los partidos oficialistas, entre otras cosas por su repudio a lo que consideraron un modelo que había “industrializado” la corrupción.

Del examen de los recientes actos de corrupción que investiga el Ministerio Público se observa la presencia sistemática de actores privados involucrados en un alto porcentaje de los casos, de manera singular en sectores vinculados a la venta de bienes-servicios con la banca y los relacionados a construcción e informática. La corrupción que estremeció al país no hubiese escalado niveles tan altos, sin la complicidad de la banca nacional e internacional. En algunas investigaciones que adelantan las fiscalías anticorrupción se observan casos de empresas o consorcios transnacionales a los que los gobernantes de turno les adjudicaron contratos millonarios, de manera directa, y altos funcionarios del gobierno pasado recibieron el pago de sobornos que fueron depositados en cuentas bancarias, cuyos titulares se escondían tras el velo corporativo de las sociedades anónimas.

Factores como la impunidad, legislación procesal deficiente y poco acceso a la información pública, entre otros, ayudan a cometer actos de corrupción. Los alarmantes niveles de impunidad en las últimas décadas obedecen a la falta de independencia del Órgano Judicial, debido a la excesiva politización al momento de escoger a los altos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y la demora en la implementación de la carrera judicial. En este contexto, tenemos que el Ministerio Público se constituyó mucho tiempo en un instrumento genuflexo al poder político de turno. Un Ministerio Público severo y represivo en contra de la delincuencia común y marginada, pero indulgente con la delincuencia de saco y corbata y los sectores plutocráticos del poder político. Esta realidad innegable erosionó la institucionalidad democrática y el Estado de derecho. No obstante, con la designación de la actual rectora del Ministerio Público se advierte un cambio en dirección correcta, para investigar con objetividad los casos de corrupción cometidos por los exgobernates del quinquenio pasado. Aún falta mucho para tener un Ministerio Público independiente y que aplique la ley sin discriminación, pero a pesar de la limitación presupuestaria se observa un esfuerzo por cumplir con los objetivos que establece la Constitución. Sin embargo, los fiscales del Brasil que investigan la operación Lava Jato, el mayor escándalo de corrupción de toda la historia en ese país, se quejan de la poca cooperación que les brinda el Ministerio Público panameño.

En materia procesal, el plazo de prescripción de la acción penal en casos de corrupción debería ser más extenso, sobre todo si tomamos en cuenta que los exgobernantes tras dejar el cargo detentan mucho poder político y económico. A este respecto, se deberían declarar imprescriptibles los delitos contra la administración pública, tal como ocurre con los de terrorismo y desaparición forzada de personas. El Código Procesal Penal, de corte acusatorio, para la investigación y enjuiciamiento de los miembros de la Asamblea Nacional, en su Art. 488, exige para la admisión de la querella o denuncia, que esta debe ir acompañada de la “prueba idónea del hecho punible imputado”. La excerta legal establece que si la querella no reúne este requisito, “será rechazada de plano”. En relación a la acción de hábeas data, los tribunales –incluyendo la CSJ– demoran excesivamente su tramitación. Esta demora injustificada hace nugatorio el derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública; permite que el funcionario eluda la responsabilidad legal y se fomente la impunidad. Por otra parte, los partidos políticos deben aceptar poner un tope a la financiación de las campañas electorales y hacer transparentes las donaciones y los donantes. Esto evitaría que tengan dueños o personas que, luego, obtienen provecho de la gestión pública. Entre otros factores que fomentan la corrupción, tenemos la escasa participación ciudadana en el diseño, gestión y evaluación de las políticas públicas; uso del fuero electoral para actos deshonestos, conflictos de interés; la falta de políticas efectivas para la incautación y extinción del dominio de los bienes mal habidos. La lucha es clara, hay que acabar con los viejos vicios que fomentan la corrupción.