El espinoso tema de las infecciones de transmisión sexual (ITS) y del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) requieren de un abordaje integral que permita ofrecer la atención de salud, sin estigmatizar ni marginar a los portadores de estas afectaciones. Se suponía que la Ley 40 del 14 de agosto de 2018 iba a modernizar la respuesta institucional del Estado, frente a los temas de las ITS y el VIH. Sin embargo, un asunto tan delicado no fue adecuadamente consultado, lo que ha producido que la coalición que comprende 12 organizaciones de la sociedad civil, y 5 redes regionales, que en su conjunto se denominan VIH Panamá, se opongan a los artículos 7 y 8 de esta ley, porque pueden provocar estigmatización y marginación de los pacientes del VIH. Apenas una semana después de haber firmado la ley, el Poder Ejecutivo va a proponer una iniciativa legislativa para solventar estos cuestionamientos. Aunque el que más consulta menos se equivoca, siempre es importante reconocer y corregir rápidamente los errores cometidos. Al menos en el tema del VIH, esperamos que se haga lo correcto para la salud de toda la población.
