La cautelación de bienes e inmuebles, así como de dinero en efectivo en bancos -por una suma que aún está creciendo- prueba cómo la corrupción corroe no solo nuestras instituciones, sino nuestra economía. Hasta ahora, la cifra cautelada es superior a los 300 millones de dólares que el Gobierno pretende obtener de la famosa dispensa fiscal. Pero lo más probable es que lo que ha sido incautado hasta ahora solo corresponda a un fracción de lo que nos cuesta la corrupción, porque solo puede ser cautelado el dinero cuya procedencia es de origen presuntamente ilegal. Así pues, hay fondos a los que nunca se podrá llegar dado el blindaje que los protege, gracias a la argucia. Pero los que parecen estar estancados son los procesos penales en contra de exfuncionarios acusados de actos de corrupción y peculado. Esto es realmente una vergüenza, pues la justicia revela aquí su ineficacia, su descarada parcialidad y una actitud tan permisiva que prácticamente incita a la vejación de los bienes y el patrimonio del Estado. La impunidad se vende, se trafica, se subasta por unos miles y hasta millones de dólares. Pero no hay mal que dure 100 años. Lo que está ocurriendo en Perú con magistrados y fiscales -grabados en audio vendiendo impunidad- está depurando el sistema, ya que sus renuncias van cayendo a medida que se revelan sus infames negocios. Nuestro sistema necesita algo así, que el árbol de la justicia se sacuda para que caigan al piso sus frutos podridos.
