Es difícil reflexionar sobre el terrible papel que desempeña la Corte Suprema de Justicia en el drama entre la Asamblea Nacional y la Contraloría General de la República. Por un lado, la Corte se negó a declarar en desacato a la presidenta de la Asamblea por negarse a entregar a la Contraloría las planillas de su administración; y a la vez, el máximo tribunal rechazó la denuncia penal interpuesta por la Contraloría contra la diputada Yanibel Ábrego, alegando la falta de pruebas de un hecho público y notorio. Por si fuera poco, la Corte le admitió un amparo a la diputada Ábrego, que cuestiona la facultad de auditar que tiene la Contraloría. Meses atrás, la Corte permitió que se desmantelara la Comisión de Credenciales de la Asamblea , en contra de la Constitución y la ley. Esto es lo que hace que la Asamblea se comporte de forma arrogante y desleal con la democracia, porque sabe que la Corte Suprema de Justicia le ha dado la patente de corso de la impunidad y del blindaje contra toda investigación o denuncia. Si el país está en crisis, la gran culpable es la Corte Suprema de Justicia, que se niega a que haya certeza del castigo para los más grandes abusos de poder que cometen los diputados. Acabar con la impunidad es la única solución al conflicto institucional.
