La autopsia realizada al cuerpo de la activista polaca Monika Silva, que fue encontrada sin vida el pasado 8 de junio en una zona costera de Ecuador, determinó que fue asesinada, según informó este viernes el equipo legal de la familia de la mujer, conocida por denunciar casos de presunta corrupción.
“Con los informes periciales tenemos la certeza de que estamos frente a una muerte violenta, por lo tanto se desmorona esta pretendida alusión de que había de por medio un suicidio”, dijo la abogada Lita Martínez, directora del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de las Mujeres (Cepam) de Guayaquil.
Martínez se refirió así a unas declaraciones dadas el 9 de junio por el ministro del Interior, John Reimberg, que señaló que presumían de que se había suicidado, pues supuestamente habían encontrado en su casa “indicios necesarios para llegar a esa determinación”.
“Habrá que investigar lo que motivó a un funcionario del Estado, que no tiene todas las credenciales profesionales, a emitir un juicio de valor de ese tipo. Asumir que la muerte de una mujer está atada al suicidio, a sus condiciones emocionales, es quitar la vista de lo que en verdad está sucediendo”, añadió.
El Cepam y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil asumieron en días pasados la representación legal de Silva y de su familia, lo que les permitió acceder a los resultados de la autopsia y a los detalles de la investigación que realiza la Fiscalía por el delito de femicidio.
La abogada señaló que el crimen debe investigarse principalmente bajo dos líneas: “su rol de defensora, a través del cual hizo denuncias públicas” y también por el hecho de ser mujer.
Billy Navarrrete, director del CDH, afirmó que el caso de Silva es un ejemplo de los “ataques” que sufren las personas defensoras de derechos humanos en Ecuador.
“Estamos en condición de desamparo. No existen en Ecuador mecanismos de protección para el trabajo que hacemos, que es muy peligroso”, mencionó.
El cuerpo de Silva fue encontrado en su vivienda de la localidad de Montañita, en la provincia costera de Santa Elena, y su muerte causó conmoción debido a las denuncias que había realizado sobre casos de presunta corrupción en esa zona.
La Delegación de la Unión Europea (UE) y la Embajada de Polonia en Perú, acreditada también para Ecuador, solicitaron a las autoridades que el caso sea investigado de manera rápida, exhaustiva, independiente y transparente para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y garantizar que se asuman responsabilidades de acuerdo a ley.
Mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado a incluir entre las líneas de la investigación una posible vinculación con su labor de defensa de derechos humanos y sus denuncias de corrupción.
El Cepam y el CDH señalaron que el cuerpo de la activista se quedará por el momento en Santa Elena, provincia donde está previsto que este viernes se presente un mural en su honor.
