Al Jazeera calificó como un “acto criminal” la redada del Ejército israelí en su oficina de Ramala, en Cisjordania ocupada, y acusó a las autoridades israelíes de impedir que el mundo vea “la realidad en Gaza” y los demás territorios palestinos.
A través de un comunicado oficial, la cadena de noticias condenó este asalto de las fuerzas israelíes a su oficina y se comprometió a “continuar con la cobertura de manera profesional y objetiva”, a pesar de las medidas israelíes, que consideró como “intentos de silenciar” al canal de noticias e impedirle informar la verdad.
El medio catarí denunció que soldados israelíes irrumpieron en su sede, confiscaron todo el equipo y documentos, y entregaron una orden militar para cerrar la oficina durante 45 días, según el redactor jefe de la cadena catarí en Palestina, Walid al Omari.
“Condenamos y denunciamos enérgicamente este acto criminal por parte de las fuerzas de ocupación israelíes y rechazamos estas medidas”, afirmó Al Jazeera en un comunicado.
“Estas medidas represivas tienen como objetivo impedir que el mundo vea la realidad de la situación en los territorios ocupados y la guerra en Gaza. La continua supresión de la prensa libre por parte de Israel tiene como objetivo ocultar sus acciones en la Franja de Gaza y Cisjordania ocupada”, continuó la nota.
El canal señaló al Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como responsable por la falta de “seguridad de sus periodistas” y anunció que tomarán “medidas legales para defender sus derechos”.
This is how heavily armed and masked Israeli soldiers raided Al Jazeera’s bureau in the occupied West Bank's Ramallah and imposed a 45-day closure order.
— Al Jazeera English (@AJEnglish) September 22, 2024
The network has condemned the action as ‘criminal’ and an affront to press freedom. pic.twitter.com/bofxlDFR9Y
La incursión ocurrió cuatro días después de que la Oficina de Prensa del Gobierno israelí revocara los carnés de prensa de los periodistas de Al Jazeera.
El Ministerio de Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina y el Gobierno de Hamás condenaron el cierre de la oficina en Ramala, calificándolo como una violación del derecho internacional, mientras que Reporteros sin Fronteras (RSF) también expresó su rechazo a estas acciones.
