El fiscal anticorrupción Ariel De Gracia solicitó una sentencia condenatoria para el exministro de Obras Públicas (MOP), Federico José Pepe Suárez, y otras siete personas por la presunta comisión del delito de peculado a través de la ejecución del proyecto de diseño y construcción de la autopista Arraiján-Chorrera.
Durante el juicio que se inició este jueves 29 de febrero, a las 9:20 a.m., el fiscal De Gracia alegó que existen evidencias que vinculan a los imputados con actividades que ocasionaron una lesión patrimonial por un monto de $7.8 millones.
Suárez estaba presente en la sala.
Por este caso, además, del exministro, son procesados los representantes legales de la empresa contratista que se adjudicó el proyecto y de una empresa encargada de su supervisión, así como dos inspectores del MOP y tres fiscalizadores de la Contraloría General de la República que estaban encargados de verificar el avance de la obra y el manejo de los fondos.
En el caso del exministro del MOP, Jaime Ford, se dictó ruptura procesal ya que, por su condición de candidato a diputado por el partido Realizando Metas, goza de fuero penal electoral.
El fiscal refutó las afirmaciones de la defensa de Suárez, que sostiene que en este caso no existe lesión patrimonial, ya que el contrato para la realización de la obra se encuentra vigente.
#Audiencia | En audiencia ordinaria en caso Autopista culminan alegatos de la Fiscalía Anticorrupción, donde solicitan condena por peculado para 8 personas, incluyendo un exministro de Obras Públicas; hechos ocurridos en el 2010. pic.twitter.com/0RlwhZ3ZEA
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) February 29, 2024
De Gracia remarcó que la terminación de la obra fue asumida por las empresas afianzadoras, ya que el contratista original no culminó el proyecto.
Rosendo Miranda, abogado de Suárez, alegó que no existe una lesión patrimonial, ya que todas las fases de la obra han sido entregadas −según él− “a satisfacción”.
Miranda, quien presenta sus alegatos a partir de las 2:00 p.m. de este jueves, aseguró que su cliente actuó de manera transparente y no se le puede atribuir responsabilidad penal alguna.
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