La Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia revocó una decisión de noviembre de 2024 y no admitió una demanda de indemnización presentada por el Sindicato Único de la Construcción y Similares (Suntracs) contra la Caja de Ahorros (CA), por haberle cerrado sus cuentas bancarias en noviembre del 2023 durante las protestas contra la minería.
El fallo, dado a conocer este martes 16 de septiembre, a través del edicto No.2021, en la secretaría de la Sala Tercera y que lleva la firma de la magistrada María Cristina Chen Stanziola, informa a las partes de la decisión asumida por esa corporación de justicia.
El pasado 15 de noviembre, con la ponencia del magistrado Cecilio Cedalise, la Sala Tercera admitió la demanda de indemnización presentada por el abogado Rolando Murgas Torraza, para que condenara a la CA al pago de $5 millones en concepto de daños y perjuicios ocasionados por el cierre de sus cuentas bancarias, luego de que se informó de una investigación por blanqueo de capitales.
En noviembre de 2023, en medio de las masivas protestas ciudadanas contra el contrato que había pactado el Estado y Minera Panamá para extraer cobre en Donoso por hasta 40 años, la CA cerró al menos 18 cuentas del Suntracs, alegando “políticas internas del banco”. Por esos días, el sindicato participó activamente en las protestas, incluso con acciones de cierre de vías.
También el sindicato presentó una queja administrativa contra el banco estatal ante la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), por presuntamente violar el secreto bancario, argumentando que el banco filtró información al diario La Estrella de Panamá, que fue el primero en informar sobre la decisión adoptada por la CA, citando una fuente “oficial”.
El Ministerio Público (MP) abrió una investigación contra el Suntracs por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, alegando una alerta de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en enero de 2024.
En esa ocasión, Antonio Vargas, abogado del Suntracs, relató, que después de revisar la documentación, se pudo precisar que las supuestas irregularidades corresponden a movimientos de fondos generados por el propio sindicato para actividades de sus filiales en diversas partes del país. Por tanto, no habría indicios de actividad ilegal. Vargas alegó que se estaba utilizando al Ministerio Público para “fines políticos”, pero no mostró pruebas que sustenten esa aseveración.
Según el Suntracs, este proceso fue cerrado por el MP por falta de evidencias para comprobar el delito.
Los informes de la UAF daban cuenta de actividades realizadas por el Suntracs en los años 2021 y 2023, incluido el presunto uso de fondos para financiar acciones de protesta contra la Ley 406 de 2023, que adoptó el contrato entre el Estado y Minera Panamá. Posteriormente, el 28 de noviembre, el contrato ley fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
Los dirigentes del Suntracs Génaro López, Saúl Méndez y Erasmo Cerrud mantienen un proceso por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales. López mantiene una medida de casa por cárcel. Méndez se encuentra prófugo y Cerrud está asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá. Este caso guarda relación con la supuesta apropiación por parte del Suntracs de 14 fincas del complejo turístico Red Frogs, en Bocas del Toro.
