Luis Oliva permanecerá detenido.
Un juez de garantías dictó medida de detención provisional para el exdirector de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), en una audiencia celebrada este domingo 31 de mayo, luego de que fuera requerido por la Fiscalía Anticorrupción, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.
La acusación se sustenta en un informe de auditoria de la Contraloría General de la República que refleja un monto de $937 mil cuyo origen Oliva no ha podido explicar.
Oliva ingresó a la sala esposado y custodiado por agentes policiales. Vestía unas bermudas azules, una camiseta blanca y zapatos deportivos.
#PGNContraLaCorrupción#Detención| Por solicitud de la @PGN_PANAMA a través de su Fiscalía Anticorrupción, se ordenó la detención provisional para un exadministrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), por el delito de enriquecimiento injustificado. pic.twitter.com/ehNeZJs1px
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) May 31, 2026
Este proceso no guarda relación con otra causa que se le sigue a Oliva y por la que también fue detenido temporalmente.
En agosto de 2025, Oliva fue aprehendido dentro de una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de la plataforma Listo Wallet, utilizada para gestionar los pagos a los beneficiarios del programa Vale Digital del plan Panamá Solidario.
Ese día también fueron detenidos el empresario Budy Attie y Janice Becerra, una antigua asesora de Oliva en la AIG. A los tres se les imputó cargos, así como a Ralph Attie, hermano de Budy.
Posteriormente, un juez de garantías declaró ilegal la aprehensión de Oliva por considerar que la fiscalía habría podido lograr que compareciera al proceso sin la necesidad de allanar su residencia. Eventualmente, todos quedaron en libertad.
Oliva volvió a ser detenido el pasado viernes 30 de mayo, aunque esta vez como parte del proceso que se le sigue por presunto enriquecimiento, como se explicó.
En el caso que involucra a Oliva, los hermanos Attie y Becerra, la defensa de los investigados alega que no hubo lesión patrimonial contra el Estado y que todo se trató de una transacción comercial.
