Detención provisional para ocho exfuncionarios de la Junta Comunal de Belisario Porras, en San Miguelito.
El grupo de extrabajadores estaba en depósito domiciliario, pero el Tribunal Superior de Apelaciones modificó la medida cautelar en una audiencia celebrada este jueves 15 de octubre.
El tribunal dispuso el ingreso a prisión de los ocho, todos imputados el pasado 24 de septiembre por presunto peculado.
Se calcula que la lesión patrimonial al Estado es de $8 millones.
La audiencia inició a las 8:30 a.m., pero de inmediato se desalojó la sala por el sismo de 4.9 registrado a las 8:31 a.m.
En una decisión mayoritaria, los magistrados del tribunal consideraron que la juez de garantías que previamente dictó la medida de depósito domiciliario no valoró el impacto que la acción atribuida a los imputados ocasionó a los residentes de Belisario Porras y a las arcas del Estado.
Señalaron que “no se pueden tolerar comportamientos corruptos que afecten a la comunidad”, en especial en el manejo de fondo o recursos destinados a la ejecución de proyectos sociales.
“La corrupción afecta la capacidad del gobierno para dar servicios públicos a los grupos sociales más vulnerables”, recalcaron los magistrados del tribunal, al leer su decisión.
Según la investigación, la Junta Comunal de Belisario Porras hizo desembolsos a 14 “grupos familiares”, sin sustentación alguna.
Los fondos habían sido entregados a la junta comunal por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), según un informe de auditoría.
La fiscal anticorrupción Johana Osorio relató que la investigación se originó a raíz de una denuncia de la AND y que los pagos a los familiares se hicieron a través de cheques.
Algunos de los beneficiados recibían hasta dos o tres cheques por quincena, sin prestar alguna labor o proveer un servicio a cambio.
También encontró que los imputados recibieron entre $100,000 a $150,000. En total, la fiscalía ha logrado identificar pagos a los familiares por $1 millón en el periodo investigado hasta ahora.
Osorio alegó que la evidencia revela la existencia de una estructura ideada para sustraer el dinero de los programas de la descentralización, simulando la ejecución de programas de interés social, pero que a la postre no se realizaron.
Los pagos estaban dirigidos a la cancelación de supuestos servicios prestados a la junta comunal, sin que a la fecha la fiscalía haya encontrado documentos que justifiquen los desembolsos.
La fiscalía también encontró una supuestas listas de asistencia en la junta comunal, pero las firman tenían la misma letra.
Por este caso está imputados la exrepresentante Karen Barrios y el extesorero de la junta comunal, Valentín Rodríguez.
La fiscalía ya imputó cargos a un total de 15 personas y tiene pendiente la celebración de otras audiencias para presentar cargos a otro grupo.
