Un grupo de imputados de la operación Pandora se presentó este lunes a una audiencia de apelación de medidas cautelares, pero, una vez en la sala, ocho de ellos comunicaron su intención de desistir. Por tanto, permanecerán detenidos provisionalmente.
La decisión es interpretada como un intento de colaborar con la investigación y buscar un trato favorable con la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada que los investiga por su participación en una red que habría provocado una lesión patrimonial al Estado de $40 millones al apropiarse de créditos fiscales al manipular el sistema e-Tax 2.0. de la Dirección General de Ingresos (DGI).
La detención provisional fue dictada el pasado 11 de julio por un juez de garantías que, además, les imputó los cargos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, corrupción de funcionarios y delincuencia organizada.
La audiencia estaba programada para las 8:30 a.m., pero inició con una hora de retraso. Algunos imputados estaban presentes; otros seguían su desarrollo por Zoom.
Los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones, Frank Torres, Carlos Barragán y Greta Marchosky, acogieron el desistimiento del recurso de apelación presentado por Jercovick Joyner, Carlos Ferguson, Héctor Luna, Cira Marín, Daira López, Katherine Aguirre, Elodia De León y Angeli Rodríguez. Esta última se encuentra en detención domiciliaria.
No obstante, las imputadas Margie Caballero, Vielka Sáez y Juana Chong, que hasta hace poco eran funcionarias de la DGI, decidieron continuar con su solicitud de apelación, por considerar que la detención provisional es excesiva. También apelaron la medida de detención provisional Juan Omar Palacios y Karen Suárez.
En una breve intervención ante el tribunal Sáez y Chong alegaron no tener conocimiento de la existencia de una red estructurada dentro de la DGI. Ambos alegaron que la tramitación de los créditos fiscales ya venía aprobada de arriba y que ellas solo cerraban el trámite. El resto de los imputados decidieron no hablar.
El fiscal contra la delincuencia organizada, Emeldo Márquez, pidió al tribunal mantener las medidas de detención provisional dictadas contra Caballero, Sáez y Chong por considerar que tuvieron una activa participación en el esquema usado para alterar y desviar créditos fiscales a terceros y obtener ganancias de manera ilícita.
Márquez alegó que en este caso la red estructurada para alterar y sustraer los créditos fiscales intentó no dejar rastros, ya que las ganancias fueron distribuidas en efectivo.
Reveló que las pesquisas realizadas hasta el momento pueden elevar el número de implicados hasta 50 y aumentar el perjuicio económico ocasionado más allá de los $40 millones inicialmente reportados.
Explicó que cada día surgen nuevas empresas afectadas, entre las que mencionó a la Cervecería Nacional, aunque no especificó el monto de la afectación.
La Fiscalía también apeló las medidas de depósito domiciliario otorgadas a Lupo González y Angeli Rodríguez.
Asimismo, se opone al cambio de medida cautelar para quienes permanecen en detención provisional.
La audiencia se reanudará este martes 4 de agosto, con la intervención del fiscal Márquez, quien solicitará la revocatoria de las medidas de depósito domiciliario concedidas a González y Rodríguez.
