El Tribunal Superior de Apelaciones mantuvo las medidas de detención provisional para cinco imputados de la operación Pandora.
Se trata de Margie Caballero, Vielka Sáez, Juana Chong, Juan Omar Palacios y Karina Suárez. Las tres primeras estaban en la planilla de la Dirección General de Ingresos (DGI) hasta el pasado 16 de julio. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, comunicó luego que serían destituidas.
Por otra parte, el tribunal ordenó la detención provisional de Lupo González y mantuvo la medida de retención domiciliaria a favor de Karen Pitty, por razones médicas. Pitty también deberá portar un brazalete electrónico.
Lo que valoraron los jueces
Los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones Frank Torres, Carlos Barragán y Greta Marchosky establecieron que está plenamente acreditada la vinculación de Caballero, Sáez, Chong, Palacios y Suárez con la estructura que operaba a lo interno de la DGI y que alteraba los créditos fiscales que eran transferidos a sociedades canastas y luego vendidos a bancos de la localidad.
En su decisión, los magistrados recalcaron las declaraciones dadas por Eduardo Silvestre, imputado en este caso y colaborador de la fiscalía, quien detalló que las personas mencionadas anteriormente cumplían diferentes roles dentro de la estructura creada para la tramitación fraudulenta de los créditos fiscales.
En el caso de Lupo González, el tribunal reconoció que utilizó varias modalidades para ejecutar el fraude a través de los créditos fiscales, entre ellas la alteración de las boletas de pago y la alteración de los códigos del impuesto de ITBMS.
Explicaron que González −al ocupar cargos como el de analista dentro de la DGI− conocía y tenía acceso al sistema e-Tax 2.0 lo que permitió alterar documentación para ejecutar el esquema fraudulento. En un solo caso, relacionado con González, la fiscalía detectó la alteración de créditos fiscales de la sociedad Gama Sport por un monto de $1.8 millones.
González, que trabajó como auditor en la DGI, estaba en detención domiciliaria, pero el fiscal Emeldo Márquez apeló esa medida y solicitó su ingreso a prisión.
En cuanto a Karen Pittí, los jueces señalaron que, si bien fue la creadora de la sociedad Master Eco Green, identificada como una de las empresas utilizadas para la recepción de créditos fiscales, y que su presunta participación constituye una conducta de gravedad, correspondía concederle la medida de depósito domiciliario debido a los quebrantos de salud que padece.
Según se conoció, Pittí fue intervenida quirúrgicamente por un sangrado en el cerebro y requiere un monitoreo constante ante la eventualidad de una recaída.
En sus conclusiones los magistrados señalaron que estos exfuncionarios de la DGI y particulares que idearon esta estructura criminal ocasionaron un grave daño a la imagen internacional del país y afectaron al Estado panameño ante organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Incluso señalaron que esta acciones dentro de la DGI pusieron en riesgo la seguridad jurídica del país, ya que usaron el poder otorgado por el Estado para obtener un provecho propio.
Todos ellos son parte de una lista de 19 personas cuya aprehensión fue solicitada el 7 de julio pasado. La mayoría fueron capturados al día siguiente, en el operativo denominado Pandora.
La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada los identificó como parte una red que manipuló el sistema e-Tax 2.0. para apropiarse de créditos fiscales, lo que habría provocado una lesión patrimonial al Estado de aproximadamente $40 millones.
El pasado miércoles, el fiscal Márquez le dijo a los periodistas que pensaba que la cantidad de imputados y el monto de la lesión se incrementaría, conforme avanzaban las investigaciones, así como la cantidad de contribuyentes afectados por esta red.
