La jueza de garantías Jazmín Jaén legalizó la aprehensión de 22 personas, entre funcionarios, exfuncionarios y docentes del Ministerio de Educación (Meduca), investigadas por su presunta participación en una estructura organizada que introdujo información falsa en el Sistema de Recursos Humanos Educativos (Siarhe) para participar en los concursos de nombramiento de educadores.
Tras la reanudación de la audiencia, que comenzó ayer, martes, la jueza aseguró que la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada cumplió con las exigencias de la ley al ordenar las aprehensiones y que no se vulneraron las garantías fundamentales de los investigados.
La jueza rechazó los argumentos de los abogados defensores, quienes alegaron que la Fiscalía no cumplió con el mandato legal de establecer la necesidad de aprehender a sus representados.
Por otra parte, la jueza advirtió que impondrá una multa de $500 a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) por no permitir que los aprehendidos reciban ropa e implementos de aseo personal, ni que las madres lactantes puedan suministrar leche materna a sus hijos.
Los abogados defensores plantearon ante la jueza que la fiscalía pudo hacer comparecer a sus clientes mediante una simple citación, sin necesidad de desplegar un operativo policial ni allanar sus residencias durante la madrugada del pasado lunes.
Sin embargo, la jueza estimó que la fiscalía, como responsable de la investigación, determina los mecanismos para realizar las diligencias que considere necesarias.
Los juristas también se quejaron de que la mayoría de los aprehendidos proceden del interior del país y de que los funcionarios de la DIJ no les permiten entregarles enseres personales ni ropa para que puedan acudir a la audiencia.
A la audiencia comparecieron nueve personas aprehendidas en Chiriquí, seis en Bocas del Toro, tres en Panamá Oeste, dos en Los Santos, una en Panamá y otra en Veraguas.
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por el Meduca. Según las pesquisas, los implicados, entre ellos docentes y funcionarios de esa institución, elaboraban perfiles falsos de educadores que posteriormente eran incorporados a las bases de datos del Siarhe.
