La juez primera liquidadora de causas penales, Águeda Rentería, dictó un veredicto absolutorio a favor de los ocho acusados, entre ellos el exministro de Obras Públicas, Federico Suárez, por el delito de peculado, por el diseño y construcción de la Autopista Arraiján-La Chorrera.
A través de la sentencia No.3, de este miércoles 2 de abril, la juez Rentería decretó la absolución de todos los implicados, tras determinar que la Fiscalía Anticorrupción no logró acreditar la responsabilidad de los implicados en la comisión del ilícito investigado.
“En lo concerniente al delito de peculado, no se ha logrado mantener la acreditación, de manera fehaciente, de la existencia de un perjuicio al Estado, pese a las acciones censurables que ocurrieron. Es oportuno recordar que la carga probatoria recae sobre el Ministerio Público, y conforme al principio de presunción de inocencia, cualquier duda razonable debe resolverse en favor de los acusados”, señala el fallo.
El fallo, que fue dado a conocer en la mañana de este jueves, también plantea que el citado proyecto logró concluirse a través de la ejecución de la fianza de cumplimiento.
Además de Suárez, entre los absueltos en este caso figuran el representante legal de la empresa Transcaribe Trading (TCT), Daniel Ochy, Eder Márquez, Eduardo Rodríguez, Lester González, Alcides Velásquez, Miguel González y Marcos Saavedra.
En el juicio celebrado el pasado 29 de febrero de 2024, el fiscal anticorrupción, Ariel De Gracia, había solicitado un veredicto condenatorio para los procesados por considerar que los imputados ocasionaron una lesión patrimonial por un monto de $7.8 millones.
Durante el juicio, los abogados de la defensa alegaron que no existió delito, ya que todas las fases de la obra fueron entregadas.
En este caso se dictó una ruptura procesal en el caso del exministro del MOP Jaime Ford, quien por su condición de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) su proceso fue enviado a la Corte Suprema de Justicia, ya que es la competente para investigar a los diputados.
Aquí también se investigó a David Ochy, también parte de la empresa TCT, pero en su caso se declaró la prescripción de la acción penal.
Ochy permanece detenido en Costa Rica por un pedido de extradición realizado por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales por el caso New Business.
Fue el diputado panameñista José Antonio Domínguez quien, en 2014, recibió una denuncia de un entonces funcionario del MOP sobre posibles irregularidades en el precio de la licitación para la ampliación de la Autopista Arraiján-La Chorrera, que estuvo a cargo de la empresa TCT.
La obra, que inicialmente tendría un costo de $152.6 millones, terminó costando la suma de $161.8 millones, tras la aprobación de varias adendas que elevaron su costo.
