La Fiscalía Especial Anticorrupción solicitó una audiencia ante un juez de garantías para que declare causa compleja la investigación seguida al exdirector del Ifarhu Bernardo Meneses y a otras 13 personas a las que se le han formulado cargos por los delitos de blanqueo de capitales, peculado, corrupción.
La solicitud fue hecha por la fiscal anticorrupción Azucena Aizpurúa durante la audiencia celebrada este viernes 24 de octubre y en la que se imputaron cargos y se dictó medida cautelar a siete personas.
De ser acogida la petición, implicaría que la investigación puede extenderse hasta por un año para la recopilación evidencias y pruebas que establezcan la comisión de los delitos investigados.
La petición se fundamenta en que la fiscalía solicitó a la Contraloría General de la República la ampliación de la auditoría realizada a principios de 2025, para analizar el alcance real de la lesión patrimonial ocasionada al Estado. La fiscalía también tiene diligencias por efectuar, en las que se busca vincular a otras personas que recibieron auxilios económicos a pesar de que contaban con altos ingresos económicos.
El Ministerio Público también ha solicitado información a entidades educativas en el extranjero en las que algunos beneficiarios de los auxilios recibieron preparación académica. En este caso se busca determinar si los estudiantes realmente culminaron los estudios para los que solicitaron el apoyo económico del Ifarhu.
La lesión al erario sería mayor
En el desarrollo de la audiencia de este viernes 24 de octubre, la fiscal Aizpurúa detalló que durante una inspección realizada en el Ifarhu se ubicaron copias de 2,674 registros vinculados a auxilios económicos, correspondientes a los años 2019-2020, por un monto de $76 millones.
En el primer informe de auditoría realizado por la Contraloría General se estableció que algunos de los beneficiarios de los auxilios realizaron depósitos en las cuentas personales de Meneses y se estimó una lesión patrimonial de $24 millones.
La fiscalía también tomó declaración a los trabajadores sociales que laboran en el Ifarhu, quienes son los encargados de realizar las evaluaciones económicas de los beneficiarios de estas ayudas, quienes explicaron que para la entrega de los beneficios la última palabra la tenían la comisión evaluadora y el director del Ifarhu.
En una audiencia que tuvo lugar el 20 de septiembre de 2025, se formularon cargos por corrupción y peculado a Héctor Sambrano, exdirector de Becas, y Rosalinda Rivera, exdirectora de Finanzas —ambos exfuncionarios del Ifarhu—, y durante su argumentación la fiscalía se refirió a la entrega de auxilios económicos sin justificación, al señalar que encontró que la comisión evaluadora los aprobó para personas que tenían ingresos mensuales de entre $5,000 y $12,000.
Según la fiscalía, la trazabilidad de los depósitos hechos a Meneses —realizada por funcionarios de la Dirección de Investigación Judicial— demostró que estos coincidieron con el período de vigencia de los auxilios económicos.
Cuatro estudiantes de la comarca están imputados
Asimismo, en otra audiencia efectuada el pasado 9 de octubre se le imputaron cargos por corrupción a estudiantes de la comarca Ngäbe Buglé, quienes no pudieron justificar el uso dado al dinero entregado como auxilio económico en 2019. Son ellos: Yaribel Ábrego, Rosemary Jiménez, Elvis Morales y Norberto Palacios.
A los estudiantes, que estuvieron conectados de manera digital a la sala de audiencias, se les aplicó la medida cautelar de reporte periódico dos veces al mes y la obligación de residir en la misma ubicación que informaron al juez de garantías.
En esa audiencia, el fiscal Argos Hyman explicó que el Ifarhu entregó auxilios económicos por $25 mil a cada uno de los cuatro imputados para estudiar en la extensión de la Universidad Tecnológica de Panamá en Bocas del Toro, y que dichas carreras no superan los $548.
Un informe de actuación financiera realizado por la División de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Judicial reveló que los imputados no pudieron justificar el uso de $18,400, $17,532, $17,382 y $16,565 y que incluso presentaron facturas alteradas, ilegibles y duplicadas como sustento de los gastos realizados. Durante su presentación, la fiscalía no precisó a cuál de los estudiantes correspondía cada monto.
Cuatro de los señalados aún está pendientes de audiencia
Este viernes, la fiscalía logró la imputación de cargos por corrupción y peculado para siete beneficiarios de auxilios económico: Giancarlo Modelo, Ulises Gabriel Adames, Christopher García, Félix Moulanier, Hussein Bolívar Pittí, Kennedy Ariel Vargas y Anel García.
A este última audiencia no comparecieron los beneficiarios Josué Nelson, quien realiza estudios neurología en Cuba; Eduardo Ábrego, quien estudia Relaciones Internacionales y Economía en Pensilvania, Estados Unidos; Andy Acosta, quien no presentó excusas; y Oscar Coronado, quien presentó una excusa por quebrantos de salud.
En el caso de Modelo, Adames, García, Moulanier, Pittí, Vargas y García se les aplicó la medida cautelar de notificación una vez al mes.
En el caso del exdirector Meneses, quien permanece detenido en la cárcel de Tinajitas, la fiscalía le imputó cargos por los delitos de peculado, blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado, por este último cargo se le aplicó la medida de detención provisional.
El 16 de octubre un juez de garantías acumuló en una sola causa los procesos que se le siguen a Meneses por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado.
La defensa de Meneses alega que aún la fiscalía no ha logrado establecer que el dinero de su cliente tenga un origen ilícito ni que haya solicitado dinero a cambio del otorgamiento de los auxilios económicos, y que en este caso existe un trasfondo político.
