El Ministerio Público ordenó el archivo de cuatro querellas penales que la abogada Odila Castillo presentó contra el subdirector asociado de La Prensa, Rolando Rodríguez, por considerar que no hay “suficientes elementos de convicción” que acrediten los delitos que se le endilgan.
Castillo también reclamaba un millón de dólares en supuestos daños materiales, morales, psicológicos y sociales.
Dos de las cuatro querellas fueron archivadas provisionalmente por la fiscal Lorena Quirós Puga de Pérez el 31 de octubre pasado; las otras dos, por la fiscal Verónica Checa, también en esa fecha. Ambas fiscales pertenecen a la sección de delitos contra la vida y la integridad personal de la Fiscalía Metropolitana.
Castillo, quien fue asesora de Gerardo Solís cuando ejerció como contralor general de la República, acusaba a Rodríguez de varios delitos: calumnia, injuria, lesiones psicológicas, violencia de género, delito contra la propiedad intelectual y contra la seguridad informática, entre otros. La abogada alegó ser objeto de una campaña de desprestigio, que había perdido clientes, que sus ingresos disminuyeron y que sufría de insomnio, acoso y ansiedad, todo debido a una serie de publicaciones de Rodríguez en las que se exponía su incremento patrimonial, sus vínculos con funcionarios de la Contraloría y su relación con varios contratistas del Estado, para los que negoció millonarias adendas en sus contratos, invocando el principio de equilibrio contractual.
Las fiscales, luego de examinar las querellas y las declaraciones aportadas por los abogados de Castillo, concluyeron que los hechos expuestos por Rodríguez no constituyen violencia de género ni se derivan de su condición de mujer; que el contenido publicado forma parte del ejercicio legítimo del periodismo y de la libertad de expresión, y que no existen elementos suficientes que acrediten el dolo o la tipicidad de los delitos querellados.
La fiscal Quirós recordó que el ejercicio de la libertad de expresión y del periodismo de investigación es un derecho amparado por el artículo 37 de la Constitución y por los tratados internacionales sobre libertad de prensa.
“Asimismo, debe recordarse que todo funcionario público o exfuncionario, por la naturaleza de su cargo, se encuentra sujeto al escrutinio público y mediático respecto a sus actuaciones y posibles vínculos con la gestión administrativa, como ocurre con la denunciante, quien laboró por más de una década en la Contraloría General de la República y posteriormente ejerció funciones como asesora jurídica en temas de contratación estatal”, agregó Quirós.
En términos similares se expresó la fiscal Checa.
“Cabe señalar que las publicaciones realizadas por Rolando Rodríguez en contra de Odila Castillo se fundamentan en un análisis de datos financieros públicos que muestran un crecimiento patrimonial significativo, en documentos oficiales que evidencian gestiones ante el Estado y en la exposición de un patrón de conducta que sugiere un posible conflicto de interés y el ejercicio simultáneo o sucesivo de roles públicos y privados en esferas relacionadas”, anotó la fiscal Checa.
“La esencia de la información publicada versa sobre el crecimiento económico de una firma legal vinculada a una exfuncionaria de alto rango, las gestiones de esta firma ante la institución donde laboraba la querellante y las relaciones de poder y confianza dentro de la Contraloría. Estos son, por definición, asuntos de legítimo e indudable interés público”, remarcó Checa.
Castillo, en su querella, también acusó a Rodríguez de publicar información con el ánimo de perjudicarla en los procesos judiciales en los que se enfrenta a su exesposo y su familia política. En ese sentido, dijo que el periodista era testigo en su contra, señalamiento que éste niega. La fiscal Checa dijo que no se observa que las notas periodísticas “se desvíen hacia la esfera privada, la vida familiar o características personales de la querellante que no guarden relación directa con la investigación de los hechos de interés público”.
La exfuncionaria se querelló contra Rodríguez, específicamente, por la publicación de las notas tituladas “Castillo, un despegue meteórico desde el servicio público” (publicada en prensa.com con el título Odila Castillo, historia de convenientes fidelidades y de lucrativos negocios, el 30 de septiembre de 2024), El secreto de Odila Castillo: su lista de clientes fue revelada (el 31 de octubre de 2024) y FBI alertó de posible caso de corrupción ligado a Odila Castillo (el 13 de noviembre de 2024).
Castillo todavía puede solicitar a un juez de garantías que revise las resoluciones en las que las fiscales Checa y Quirós ordenan el archivo provisional de las cuatro querellas.
