Un exfuncionario de la Alcaldía de Panamá, que se manifestaba en el edificio Hatillo para reclamar sus prestaciones, permanece recluido en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Santo Tomás, debido a una lesión cerebral con hemorragia profunda originada por un fuerte golpe en la cabeza durante una protesta que terminó en enfrentamientos con la Policía Municipal.
El hombre tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia y aunque el equipo médico tratante la calificó como “exitosa”, confirmaron que el estado de salud del paciente es delicado y se mantiene bajo evaluación.
Ante la gravedad del cuadro de salud, el abogado de los familiares, Valentín Jaén, señaló en TVN que la familia decidió interponer una denuncia formal penal ante el Ministerio Público.
Explicó que las querellas irán dirigidas en contra del alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi; el director de la Policía Municipal y cualquier otra persona que resulte penalmente responsable por la gravedad de las lesiones infligidas durante el operativo de contención.
La dirección de la comuna capitalina expresó su rechazo categórico a la violencia y prestó respaldo legal preliminar a los inspectores de orden público adscritos a la entidad.
A través de un comunicado, la Alcaldía de Panamá manifestó su “respaldo a los funcionarios municipales que, en cumplimiento de sus responsabilidades fueron objeto de agresiones durante estos hechos y adoptará las acciones que corresponden para proteger su integridad y garantizar el normal funcionamiento de las instalaciones municipales”.
El origen de las protestas y el descargo oficial
El violento desenlace se desató en las inmediaciones del Edificio Hatillo, sede central de la Alcaldía de Panamá, este lunes, cuando un grupo de exfuncionarios reclamaba la cancelación de la prima de antigüedad, una deuda acumulada institucionalmente desde el año 2014.
El Municipio de Panamá explicó a través del comunicado, que la tensión se disparó cuando los protestantes bloquearon las entradas, restringiendo la movilidad de contribuyentes y trabajadores.
Agentes de la Policía Municipal intervinieron bajo el argumento de recobrar la fluidez de las instalaciones, un proceso que incluyó disturbios físicos mutuos.
El saldo final arrojó tres manifestantes detenidos y puestos bajo las órdenes de las fiscalías pertinentes.
La Alcaldía de Panamá argumentó que ejecuta rigurosamente un cronograma progresivo de pagos desde el pasado mes de mayo.
En el desglose financiero, la institución alega haber desembolsado más de $1.2 millones únicamente en el primer semestre del año en curso, condicionando los depósitos individuales a la auditoría técnica de cada expediente de los excolaboradores.
Exfuncionarios exigen pago de prestaciones
Una exfuncionaria de la Alcaldía de Panamá denunció que lleva más de seis años esperando el pago de su prima de antigüedad y aseguró que el Municipio continúa retrasando el trámite mediante nuevos requisitos administrativos.
Irasema González, quien laboró en la institución durante la administración del exalcalde José Isabel Blandón y fue desvinculada al inicio de la gestión de José Luis Fábrega, relató que ha acudido en varias ocasiones a reclamar esa prestación en el Departamento de Recursos Humanos. Sin embargo, aseguró que, durante su última visita, realizada en mayo de este año, rechazaron la solicitud que había presentado años atrás, pese a que contaba con el sello oficial de recibido.
Según explicó, los funcionarios le exigieron presentar una nueva nota con fecha reciente, lo que, a su juicio, desconoce el tiempo que lleva gestionando el pago y reinicia el proceso administrativo. Además, afirmó que los exfuncionarios deben esperar varios meses para la emisión de la resolución y, posteriormente, para la entrega del cheque, aunque sostiene que las promesas de pago no se cumplen.
Otra exservidora pública, que prefirió no revelar su identidad por temor a represalias o a que no le paguen sus prestaciones, manifestó que existe frustración entre los extrabajadores, muchos de los cuales permanecen desempleados y dependen de esos recursos para cubrir sus necesidades básicas. También denunció que algunos exfuncionarios han organizado protestas debido a la demora en el pago de sus prestaciones laborales.
Asimismo, cuestionó la atención brindada por la Dirección de Recursos Humanos y señaló que, durante una de sus visitas al Municipio, presenció cómo una funcionaria recriminó a un extrabajador por participar en manifestaciones para exigir el pago de sus derechos.
La denunciante afirmó que, según la información que les han suministrado, existen partidas presupuestarias para cancelar las prestaciones. Sin embargo, aseguró que los pagos siguen sin concretarse y pidió a las autoridades municipales agilizar el proceso para cumplir con los compromisos pendientes con los exfuncionarios.
