Belisario Porras, Arnulfo Arias Madrid, Omar Torrijos. En San Miguelito hay varios corregimientos con nombres de exgobernantes de Panamá, pero uno lleva el nombre de un dirigente comunitario.
Se trata de Belisario Frías, un líder vecinal santeño que en 1945 encabezó la Sociedad Cívica de Moradores de San Miguelito, organización que lideró la lucha de sus pobladores por un lugar donde asentarse.
Pero, 80 años después, el corregimiento que lleva su nombre podría ser el más violento de Panamá.
Según las estadísticas del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC), Belisario Frías es el que tiene más asesinatos. Entre enero y el 31 de agosto de este año registraba 21 homicidios.
En esa área de San Miguelito hay más crímenes que en Chiriquí, más que en Coclé, más que en Bocas del Toro y Los Santos, según las cifras del SIEC.
En el mismo distrito hay otros dos corregimientos, con nombres de exgobernantes, que están en la lista roja de las estadísticas:
Omar Torrijos, con 15 homicidios, y Arnulfo Arias Madrid, con otros 13.
Recientemente, las autoridades de seguridad decretaron un toque de queda en los cuatro corregimientos. La medida incluyó el despliegue de 400 agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional de Migración. La estrategia se coordinó con la alcaldesa Irma Hernández.
¿Por qué?
Se podría decir entonces que en San Miguelito la tierra sigue en disputa, pero ahora por un motivo diferente: por quién controla la venta de droga. Lo dicen las autoridades de seguridad, lo confirman los estudiosos del tema.
“Son corregimientos bastante populosos, veredas, recovecos, cerros”, dice el criminólogo Julio Alonso, cuando describe a Belisario Frías y a sus corregimientos vecinos.
La geografía, añade, complica el trabajo de la Policía Nacional tanto como la pobreza.
La fotografía de la zona es compleja. Se compone de casas apretadas contra los cerros, callejones sin salidas, calles que no aparecen completas en ningún mapa oficial, puntos ciegos que las pandillas convirtieron en puestos de vigilancia.
“Hay demasiado hacinamiento, demasiada pobreza, demasiado gueto, que facilitan el ocultamiento y la actividad criminal”, dice Alonso.
Las cifras del SIEC dividen los homicidios en categorías: pandillerismo, ajuste de cuentas, rencillas delincuenciales. Sin embargo, Alonso pide cautela con esa separación.
“El pandillaje es una cosa y el narcotráfico es otra. Que se puedan mezclar, sí”, advierte.
Un ajuste de cuentas, explica, casi siempre involucra a los dealers, “los que llevan los kilos y los paquetes y los distribuyen en las barriadas”, y responde, afirma, a una dinámica de negocio: alguien robó droga, alguien no pagó, alguien perdió el control de una ruta.
“Ese alguien que se salió de la línea, alguien que no respeta la jerarquía, alguien que ‘sapeó’”, resume el criminólogo. De acuerdo con los números del SIEC, los delitos de pandillerismo registraron un alza de 110% respecto a 2025, mientras que los vinculados a ajustes de cuentas reportaron una caída de 61%.
Alonso dice que es el resultado de una guerra entre dos frentes que comparten el mismo territorio y, muchas veces, al mismo verdugo.
Hay un tercer mecanismo que, de acuerdo con Alonso, rara vez llega a los titulares de los medios. Se trata del llamado “autotumbe”. Alonso lo explica sin tapujos. Cuando la Policía Nacional anuncia un decomiso, los dueños reales de la droga en Colombia hacen sus propias cuentas.
“Dicen que encontraron 400 kilos, y los narcos saben que había mil. Se perdieron 600”, relata. Entonces, ahí empieza otra investigación, paralela a la de las autoridades. “Comienzan a eliminar a las personas del grupo que pueden estar infiltradas, que dieron información”, dice Alonso.
“Los ‘autotumbes’ se pagan con sangre”, añade. Y hay un patrón que, según él, delata el tipo de golpe, cuando en los decomisos no hay detenidos de peso. En cambio, dice, cae “el que tenía el caleto, el que iba manejando, el empleado de baja monta”.
Los grupos y sus redes
El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, dijo en mayo pasado a este medio que en Panamá existen 121 grupos pandilleriles activos y 35 de ellos están precisamente en San Miguelito.
“La moneda de cambio ya no es el dinero, ya es droga”, dijo entonces. También advirtió que “hay niños de 12 años que ya tienen varios homicidios”.
En Panamá y Colón
Los corregimientos de San Miguelito no son los únicos en la lista roja del crimen. En Panamá hay tres corregimientos que aportan al ranking de asesinatos. Los tres se ubican en el este del distrito capital.
Se trata de Pedregal, con 15 homicidios; 24 de Diciembre, con 14, y Tocumen, con 10.
En Colón, los tres corregimientos con el mayor número de crímenes son Cristóbal Este (15), Cativá (12) y Barrio Norte (9).
Al 31 de agosto pasado, en el país se habían registrado 402 homicidios, 17 más que en el mismo periodo de 2025.
El discurso del presidente
Durante la ceremonia de graduación de 774 nuevos agentes, entre Policía Nacional y Servicio Nacional de Migración, el presidente José Raúl Mulino prometió calles bajo control y fuerzas de seguridad “respetuosas con el ciudadano y duras con el delincuente”.
“Somos un país de buena gente y no vamos a permitir que esa buena gente quede a merced de los delincuentes”, manifestó ante los nuevos policías y las principales autoridades de seguridad del país. Allí estaban Frank Ábrego, ministro de Seguridad Pública, y Jaime Fernández, director de la Policía Nacional.
También lo acompañaron Juan Carlos Orillac, ministro de la Presidencia, y Ventura Vega, ministro de Educación, entre otros.
Mulino arremetió una vez más contra la delincuencia organizada y las pandillas.
“Hay una frase muy popular que dice que basta con golpear al puerco para que aparezca el dueño. Y eso fue precisamente lo que ocurrió con el traslado a Coiba de delincuentes de alto perfil”, manifestó para cuestionar a los que han criticado el traslado de reos a la antigua colonia penal, que había sido clausurada hace más de dos décadas.
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