Una segunda investigación seguida al exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) Bernardo Meneses por la presunta comisión de los delitos de corrupción de funcionarios públicos y peculado fue declarada como causa compleja.
En una audiencia celebrada ayer jueves, la juez de garantías Sandra Castillo concedió a la Fiscalía Anticorrupción una extensión del término de investigación de seis meses adicionales para concluir la investigación.
Se trata de una investigación en la que existen otras nueve personas imputadas y que supuestamente habrían recibido becas y auxilios económicos de manera irregular durante la gestión de Meneses.
El caso tiene su origen en una auditoría de la Contraloría General de la República que detectó irregularidades en la gestión de fondos del Ifarhu, concretamente en la entrega de beneficios económicos y becas.
Esta es la segunda investigación seguida a Meneses que es declarada como causa compleja. El pasado 21 de noviembre de 2025 la juez de garantías Diana García declaró como compleja una investigación por presunto peculado y corrupción relacionada con los auxilios económicos.
Meneses, quien se encuentra detenido en la cárcel La Nueva Joya, también enfrenta investigaciones por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.
Estas dos investigaciones también se iniciaron por sendas auditorías enviadas al Ministerio Público por la Contraloría para detectar anomalías en los fondos manejados por Meneses.
La investigación también reveló que estudiantes de la Comarca Ngabe Bugle que recibieron ayudas económicas por parte del Ifarhu, que también hicieron un uso indebido de los fondos que supuestamente debían utilizar para la conclusión de sus estudios.
La defensa de Meneses solicitó la acumulación de las investigaciones seguidas a su cliente por la presunta comisión de los delitos de peculado y blanqueo de capitales en el que se encuentran imputadas otras 31 y otras que solo figuran como indiciadas.
Un primer informe de auditoría de la contraloría estableció que algunos de los beneficiarios de los auxilios realizaron depósitos en las cuentas personales de Meneses y se estimó una lesión patrimonial de $24 millones.
La defensa de Meneses alega que aún la Fiscalía no ha logrado establecer que el dinero de su cliente tenga un origen ilícito ni que haya solicitado dinero a cambio del otorgamiento de los auxilios económicos, y que en este caso existe un trasfondo político.
La Fiscalía también solicitó a la Contraloría General de la República la ampliación de la auditoría realizada a principios de 2025, para analizar el alcance real de la lesión patrimonial ocasionada al Estado.
A su vez, la Fiscalía tiene previsto diligencias por efectuar, en las que se busca vincular a otras personas que recibieron auxilios económicos a pesar de que contaban con altos ingresos económicos.
