La Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró que no es ilegal el estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto Puerto Barú, ubicado a 20 kilómetros de la ciudad de David, Chiriquí.

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La demanda fue presentada en septiembre de 2024 por el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), Asociación Centro de Estudios y Acción Social Panameño (Ceaspa), Adopta El Bosque Panamá, Fundación para el Desarrollo Integral, Comunitario y Conservación de los Ecosistemas, Fundación Panacetacea y Proyecto Primates, contra el EIA aprobado por el Ministerio de Ambiente (Miambiente) a través de la Resolución 0003-2024 del 16 de enero de 2024.

El 26 de octubre pasado, la Sala Tercera emitió una sentencia, con ponencia de la magistrada María Cristina Chen Stanziola, en la que declara que la resolución demandada no es ilegal.

Las organizaciones ambientales argumentan que el EIA aprobado por la administración anterior de Miambiente tiene graves deficiencias y no cumplió con los procedimientos legales necesarios para su evaluación, lo que impide una correcta estimación de los verdaderos impactos del proyecto sobre los ecosistemas cercanos.

Los demandantes alegaron que un estudio realizado de manera independiente evidencia que la evaluación de primera instancia del EIA careció de rigor científico y no incluyó aspectos importantes sobre la biodiversidad de la región.

La Procuraduría de la Administración había recomendado a las magistrada de la Sala Tercera declarar que no era ilegal la Resolución 003-2024, por considerar que los demandantes no aportaron suficiente pruebas sobre las irregularidades en la aprobación del EIA.

La Sala Tercera todavía debe decidir sobre otra demanda contra la misma resolución, presentada por los abogados Martita Cornejo y Manuel Alejandro Ruiz Cornejo, de la firma Cornejo Robles y Asociados.

La ponente también es la magistrada Chen.

Puerto Barú es impulsado por Ocean Pacific Investments y requiere una inversión de $260 millones. La empresa demandó civilmente a varias organizaciones ambientales que adversan el proyecto.