A una semana del inicio del juicio a 25 personas por el delito de blanqueo de capitales vinculado al pago de coimas a través de la empresa Odebrecht, el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales aún no ha recibido una asistencia judicial clave relacionada con las investigaciones realizadas por las autoridades brasileñas. Esta asistencia forma parte de las pruebas que debe evacuar la Fiscalía Anticorrupción.
Fuentes ligadas al proceso informaron que dicha asistencia incluye declaraciones de exdirectivos de la empresa brasileña sobre los movimientos de fondos entregados por Odebrecht a funcionarios panameños.
El proceso, a cargo de la jueza Baloisa Marquínez, ha admitido como pruebas diversas asistencias judiciales enviadas a Brasil, Andorra, México, Suiza y Estados Unidos. Estas forman parte de los elementos de convicción que la Fiscalía usará para establecer la vinculación de los imputados y determinar su grado de responsabilidad en los hechos investigados.
El juicio, originalmente programado para el 12 de diciembre, fue pospuesto para el lunes 20 de enero debido a la falta de respuestas a varias asistencias judiciales solicitadas a Estados Unidos y México, así como a ciertos oficios girados por el tribunal.
Paralelamente, esta semana el juzgado está evacuando diligencias relacionadas con un proceso civil presentado por el Estado contra los imputados en este caso. Esta acción civil incluye una demanda contra los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019) por presuntos daños materiales y morales ocasionados. También están imputados los dos hijos del primero, Ricardo Alberto y Luis Enrique, quienes confesaron en Estados Unidos que recibieron sobornos de Odebrecht. Sin embargo, es la Corte Suprema de Justicia las que lo tendría que procesar, ya que tienen la condición de suplentes de diputados del Parlamento Centroamericano.
En la demanda se alega que ambos expresidentes afectaron la reputación de Panamá, contribuyendo a la inclusión del país en las listas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El Estado sostiene en su demanda que, entre 2010 y 2014, Odebrecht realizó pagos corruptos por más de $59 millones a funcionarios panameños, un hecho corroborado en un acuerdo firmado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos en 2016.
Paralelamente, la Corte Suprema de Justicia rechazó un amparo de garantías constitucionales presentado por Francisco Pérez Ferreira, uno de los imputados en el caso, quien argumentó que la calificación de las sumarias era incorrecta y solicitó el archivo del proceso. Sin embargo, el pleno de la Corte, bajo la ponencia del magistrado Cecilio Cedalise, decidió no admitir el amparo y mantener el encausamiento penal contra Pérez Ferreira.
Según la Fiscalía, Pérez Ferreira figura como representante legal de las sociedades Aragón Finance Corp. y Ascona Management Group, utilizadas para transferir grandes sumas de dinero vinculadas a Odebrecht.
La investigación del caso Odebrecht, que comprende 2,846 tomos, se inició a raíz de una denuncia presentada el 18 de septiembre de 2015.