El juez de garantías Francisco Carpintero imputó cargos por el delito de concusión y aplicó la medida cautelar de detención provisional para una funcionaria de la Autoridad Nacional de Aduanas y de reporte periódico para otros dos implicados en una presunta red dedicada al cobro de dinero a empresarios a cambio de no iniciarles procesos administrativos ante esa entidad.
Carpintero aplicó la medida cautelar de detención provisional y separación del cargo a Betzaida Bracamaya por considerar que fue la funcionaria que orquestó el cobro de dinero a un comerciante al cual se le había realizado una inspección por supuestas irregularidades administrativas.
Asimismo, aplicó la medida cautelar de reporte periódico los días 15 y 30 de cada mes para los inspectores Víctor Moreno y Eduardo López, a quienes la fiscalía atribuyó participación en calidad de cómplices.
En una audiencia que se inició a las 2:00 p.m. de hoy, martes, la fiscal anticorrupción Adela Cedeño explicó que los funcionarios Bracamaya, López y Moreno acudieron al local comercial Auto Tunning Concept y exigieron a su propietario el pago de $20 mil a cambio de no reportar una serie de anomalías encontradas en dicho establecimiento, pero su propietario alegó no tener esa cantidad de dinero y que solo les podía dar $2 mil.
Los funcionarios de Aduanas aceptaron el pago inicial y le exigieron cancelar el monto total a plazos, pero el comerciante decidió presentar la denuncia.
La investigación dejó al descubierto que Bracamaya, quien se encontraba de vacaciones y encabezó la inspección en el local comercial, fue quien hizo la solicitud del dinero y estableció el sitio en donde debía ser entregado.
La fiscal explicó que, al realizar un allanamiento en la residencia de la funcionaria, se ubicaron boletas de la Dirección de Aduanas y documentación relacionada con el presunto cobro a otras empresas.
También, la fiscal relató que el empresario, al presentar la denuncia en la oficina de ética de Aduanas, logró reconocer a los tres funcionarios al revisar unas credenciales y pudo establecer la existencia de un acuerdo previo entre los procesados para exigirle el pago del dinero.
Además, las autoridades de Aduanas, al revisar el GPS del auto usado para hacer la inspección, confirmaron que los funcionarios estuvieron en la empresa el día del ilícito.
La fiscal Cedeño también explicó que, en otro allanamiento realizado en una residencia de una persona vinculada a Bracamaya, ubicaron $42 mil ocultos en un cielo.
Durante la diligencia, el dueño de la residencia recibió una llamada en la que le solicitaron no dar detalles de la ubicación del dinero que se encontraba dentro de una lonchera.
La fiscal Cedeño no descartó la vinculación de otros funcionarios relacionados con este tipo de irregularidades, pero explicó que hasta el momento solo se ha presentado una denuncia.
Durante la audiencia, la fiscalía aportó como evidencias varios videos de vigilancia obtenidos de la empresa del denunciante y diligencias de seguimiento y vigilancia realizadas por la DIJ.
Los tres funcionarios fueron aprehendidos en el día de ayer en operativos realizados en la 24 de Diciembre y Tocumen, ambos en el distrito de Panamá.
