El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, se presentó este viernes 15 de mayo a la sede de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), como parte de una investigación relacionada con la homologación de títulos académicos de docentes y personal administrativo expedidos por American Andragogy University y Atlantic International University.
Se ha identificado a unos 110 profesores que presentaron títulos de universidades no acreditadas para obtener ascensos y ajustes salariales.
El procurador está acompañado por la secretaria del Ministerio Público, Anilú Batista.
La sorpresiva diligencia
La visita del procurador a Unachi no fue un acto protocolar ni una diligencia rutinaria. Detrás de su presencia se encuentra una investigación del Ministerio Público por la presunta comisión de un delito contra la administración pública relacionado con procesos de validación, homologación y reconocimiento académico dentro de la universidad.
El pasado 6 de marzo de 2026, Gómez Rudy remitió un oficio formal a la secretaria general de la Unachi, Enis Grajales, solicitando una extensa documentación vinculada a títulos emitidos por universidades extranjeras y los procedimientos utilizados para reconocerlos dentro de la institución.
La petición del Ministerio Público exige identificar a todas las personas que hayan tramitado esos diplomas ante la Unachi. El requerimiento incluye nombres completos, números de identidad, cargos desempeñados y cualquier dato que permita individualizar a quienes participaron en los procesos de validación académica. Además, la Fiscalía Anticorrupción pidió acceso a los expedientes relacionados con evaluaciones, homologaciones y reconocimientos realizados sobre esos títulos universitarios.
Sin embargo, la investigación no se limita únicamente al plano académico. El Ministerio Público intenta establecer si esos títulos sirvieron posteriormente para facilitar contrataciones dentro de la propia universidad. Por ello, solicitó información detallada sobre cuáles de esas personas fueron incorporadas como docentes, administrativos o consultores profesionales, así como las fechas de ingreso, funciones desempeñadas y modalidades de contratación aplicadas en cada caso.
La lupa de la investigación también apunta al posible impacto económico derivado del reconocimiento de esos diplomas. La Fiscalía busca determinar si algunos funcionarios universitarios recibieron ascensos, reclasificaciones, cambios de categoría o aumentos salariales tras presentar esos títulos.
Para ello, exigió copia autenticada de las resoluciones administrativas que respaldaron tales decisiones dentro de la estructura universitaria.
Las denuncias
Profesores de la Unachi, que hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias, aseguraron que varios docentes lograron incrementos salariales significativos después de validar esos estudios.
Según relataron, algunos pasaron de percibir salarios cercanos a los 1,800 dólares mensuales a ingresos de aproximadamente 5,000 o 7,000 dólares. Precisamente, ese posible beneficio económico forma parte de los elementos que el Ministerio Público intenta esclarecer dentro de la investigación.
El caso adquiere una dimensión todavía más delicada debido a los cuestionamientos que pesan sobre los diplomas emitidos por algunas de esas universidades extranjeras. Varias jurisdicciones de Estados Unidos no reconocen dichos títulos, al igual que la Universidad de Panamá.
El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro, recordó el año pasado que, por normativa del Consejo Académico, esa casa de estudios no valida títulos provenientes del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica de Nicaragua, de American Andragogy University de Honolulu, Hawái, ni de Atlantic International University, entre otras instituciones extranjeras que no estén debidamente reconocidas en sus respectivos países.
La planilla
Uno de los temas que más llama la atención dentro de la Unachi son los elevados salarios que reciben algunos profesores y funcionarios, un factor que, según voces internas, ha contribuido a la crisis económica que enfrenta actualmente la institución.
Con una planilla que supera los 2,000 funcionarios entre personal académico y administrativo, el costo mensual asciende a 5.8 millones, lo que evidencia el peso financiero que representa esta casa de estudios superiores para el Estado.
Dentro de esa estructura, al menos 249 funcionarios devengan salarios superiores a los 7,000 mensuales. La propia rectora encabeza la escala con un ingreso de 12,000, por encima del salario del presidente de la República, José Raúl Mulino, fijado en 7,000. Este contraste ha reavivado cuestionamientos sobre la proporcionalidad y los criterios de asignación salarial dentro de la institución.
Rectora sigue en el puesto
El abogado de la Unachi, Jorge Robinson, aseguró en conferencia de prensa que hasta el momento no existe una decisión tomada por parte de la rectora, Etelvina Medianero de Bonagas, sobre la renuncia y sostuvo que cualquier determinación será comunicada oficialmente por los canales correspondientes.
El jurista cuestionó que se dieran por válidas declaraciones realizadas fuera de los mecanismos formales de la institución y enfatizó que, de producirse una renuncia, esta tendría que cumplir con los procedimientos establecidos por la ley y la normativa universitaria.
Robinson también se refirió a la crisis económica que enfrenta la universidad y rechazó que la responsabilidad recaiga directamente sobre la administración de la Unachi. Según explicó, los pagos salariales de los funcionarios y las cuotas de la Caja de Seguro Social dependen del gobierno central, por lo que corresponde al Estado cubrir esas obligaciones.
Aunque evitó afirmar de manera directa que exista presión política contra la universidad, reconoció que la institución atraviesa “momentos difíciles” y que incluso dentro de la propia comunidad universitaria hay sectores que consideran necesarios algunos cambios internos. No obstante, defendió que cualquier transformación debe darse a través de los procesos electorales contemplados en la ley especial que regula la autonomía universitaria.
