El gobierno central, las instituciones autónomas, y las empresas estatales le deben a la Caja de Seguro Social, al menos, 52.4 millones de dólares en cuotas obrero-patronales. En el país de los espléndidos carnavales y las travesías mundialistas, el Estado siempre debe dar el ejemplo en el cumplimiento de la ley, y en el pago de todas sus obligaciones. Nada más lejos de la realidad. El Gobierno es un mala paga que castiga a los ciudadanos con pésimos servicios, mientras hace sufrir a los proveedores, pequeños contratistas, productores nacionales, becarios y a las propias instituciones del Estado, como la CSS, el Idaan, la Autoridad de Aseo, y otras que deben asumir la ineptitud y la indiferencia de una obesa burocracia estatal incapaz de realizar su principal tarea. A esta lista de agravios se agrega la imperdonable ofensa de desproteger a sus propios funcionarios, al no pagar las correspondientes cuotas a la seguridad social. Si la administración actual quiere empezar a quitar el mal sabor de boca que ha dejado su errática gestión de la CSS, debe saldar inmediatamente lo adeudado. Esta deuda no es solo económica, sino también moral.
