Al salir de una cena, varias personas coordinaban desde sus celulares para que los pasaran a buscar. Uno de los amigos les preguntó qué hacían, y le contestaron que llamaban a Uber. ¿A quién?, volvió a preguntar en medio de las sonrisas de sus conocidos. Este ejemplo nos brinda la oportunidad para analizar cómo ha cambiando la forma de movilizarnos, porque la tecnología está en casi todo lo que hacemos. Uber es una aplicación que brinda interconexión entre el consumidor y el prestador de servicios de transporte. Tanto la demanda como la oferta confluyen en esta plataforma virtual que sirve de enlace para obtener un servicio selectivo de transporte, que en términos generales es muy deficiente en nuestro país.
Así el consumidor tiene la potestad de seleccionar al conductor, evaluar si la propuesta de valor que buscaba se cumple, o no, y expresarlo de forma que tenga un impacto real en la operación. La transacción comercial se hace sin intercambio de efectivo, pero para ello hay que registrar la tarjeta de crédito.
Suena espectacular, pero surge la interrogante de si ese tipo de transporte está regulado, y si quienes ofrecen el servicio tienen licencia y autorización para operar. Aún no está claro si con el solo hecho de tener una licencia de conducir es suficiente, y surgen dudas de competencia desleal contra el transportista del auto amarillo, situación que ya ha escalado en Alemania, Bélgica, Holanda, Colombia y España por citar algunos países donde se aplican multas y sanciones a los conductores y a la empresa, con base en California, Estados Unidos.
Panamá arrastra una realidad desde hace décadas y es que el transporte selectivo, a pesar de sus matices de mejora, sigue lejos de lo que usuarios requieren y merecen. Esta nueva forma transaccional es un claro ejemplo de la teoría de océanos azules creada por W. Cham Kim, un nuevo mercado se abre a los pies de esta iniciativa de emprendimiento, y para los competidores actuales, significa un llamado de atención. Los que ofrecen el servicio de la forma tradicional, deben mejorar su oferta y hacer lo necesario para trasladarle valor al cliente.
Desde un plano legal, el intermediario, en este caso Uber, a través de un instrumento contractual regula su relación con el cliente y con el conductor. Pero no están obligados entre sí hasta que la transacción comercial se realice.
Hay que poner la casa en orden y buscar un mecanismo de registro por país, porque es en este punto que se han desatado diferencias, y es el sustento de las demandas en las jurisdicciones en controversia. El Estado debe tomar su rol y definir la regulación de esta actividad. Una alternativa es exigir un registro similar al servicio especial de taxi, así como la posibilidad de incorporarlos en la reglamentación de incentivos, propios del sector turístico, de lo contrario seguirán en el anonimato.
Lo anterior es una alternativa interesante que se puede ofrecer a través de la Autoridad del Turismo, que regula el uso de vehículos propios para actividades de transporte relacionadas con su competencia, en concordancia con la reglamentación de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre para la obtención de distintos tipos de placas, incluyendo la de servicio especial.
Cuestionar si se cumple la regulación actual es materia de otro artículo. En todo caso, para asegurar una protección integral se podrían hacer modificaciones que incluyan esta modalidad, pues si los que prestan el servicio no están registrados, entonces no pagan impuestos al Estado.
Apoyo el sano intercambio entre la oferta y la demanda, siempre que traiga como resultado mejores condiciones para los consumidores y, en este caso, permitan un transporte digno. Sin embargo, debe haber reglas claras para evitar que el nuevo servicio se trastoque como ha ocurrido en otros países. Señores funcionarios y clase política, estamos en el momento oportuno para analizar, debatir y regular el servicios, no perdamos esta oportunidad, mirando hacia el otro lado.
