Me imagino que como en todo país donde el gobierno tiene como interés principal el bienestar de sus ciudadanos, antes de aprobar un proyecto de esta naturaleza las autoridades se reunieron y analizaron la propuesta con preguntas como las siguientes: ¿a quién beneficia este proyecto? ¿Qué costo tiene este? ¿Quién lo paga? ¿Estamos en condiciones de pagarlo? ¿Hay alguna justificación social para él?

Primero, seamos francos; este proyecto tiene como único fin beneficiar a los dueños de negocios ubicados en Amador, negocios que en su gran mayoría son inversiones ya hechas. Estos empresarios invirtieron a sabiendas de que lo hacían en un lugar con dos vías de acceso. Si la excusa es que con esto se generan nuevos empleos, estamos simplemente ante la misma retórica vacía de siempre.

El costo de la ampliación es de aproximadamente 11 millones de dólares, que saldrían del presupuesto de nuestro omnipotente Estado. Un Estado donde cualquier sueño, sea esta ampliación o terminar un puente a la velocidad del rayo, sin presupuesto, se puede hacer realidad.claro está, gracias al esfuerzo y dedicación de nuestros contribuyentes y al sacrificio de los más necesitados que, a final de cuentas, son los que pagan.

El ensanche a cuatro vías no solo va a acabar con la paz y tranquilidad de uno de los pocos lugares de esparcimiento que quedan en la ciudad, sino que va a ser un peldaño más en la construcción desenfrenada y en la destrucción del medio ambiente. No es por nada que este ritmo de abusos tiene temblando hasta a los peces del Instituto Marino del Smithsonian.

Lo que parecen no entender, es que el continuo uso de fondos del Estado para beneficio de los que más tienen, solo agrava la brecha existente entre ellos y los más necesitados, lo que contribuye a la desigualdad social y a los múltiples problemas que permean todos los ámbitos de nuestra sociedad.

¿Y qué del llamado a una audiencia pública como exige la Ley de Transparencia? Bien gracias. Lo que me pregunto es ¿cómo es posible que los miembros de la directiva de la ARI -Gustavo García de Paredes, Paulina Franceschi, Alberto Attie, Guillermo Puga, Roberto Domínguez, Héctor Montemayor, Ramón Fonseca Mora, Pierre Leignadier, Luis González, Eduardo De Bello, y Antonio Domínguez-, quienes representan a distintos sectores de la sociedad panameña, solo hayan consultado los intereses de los inversionistas, mientras se olvidan de los intereses de quienes ellos representan y, en especial, de las familias que aprovechan ese único espacio público para escapar del agobio cotidiano, cuya característica más deleznable es la contaminación agresiva del tráfico urbano?

La ampliación a cuatro carriles de la Calzada de Amador la convertirá en un adefesio que debería alertar a todos aquellos que queremos una ciudad con una dimensión humana, y no un monumento al concreto y la contaminación.

Por todo esto invito a los ciudadanos a que hagan un llamado a los miembros de la junta directiva de la ARI para que recapaciten sobre esta lamentable decisión.