“Mafia de los medicamentos”. Así define un medio local a los que venden productos farmacéuticos. Analicemos la actividad para determinar si existen razones para semejante difamación.

Empecemos por lo que molesta a todos: el precio de los medicamentos en las farmacias privadas.

Hace pocos años, la ACODECO publicó una encuesta según la cual los medicamentos en Panamá ocupaban el tercer lugar de precios más bajos de Centroamérica, después de Nicaragua y El Salvador. Aunque otras encuestas lo confirmaron, la realidad es que son mucho más caros aquí que en Colombia, Ecuador o España ¿Por qué?

Hay tres eslabones en la cadena de suministros de medicamentos: fabricantes, distribuidores y farmacias.

Los únicos que pueden explicar esas diferencias son los fabricantes, porque es allí donde se origina el precio que llega a Panamá que será el costo de sus distribuidores locales.

Aún desconociendo las interioridades, y sin entrar a analizar, por ejemplo, el “Real Decreto Legislativo 1/2015 de la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos de España”, subsidios, controles de precios, tasas de cambio y sus efectos en los precios de los otros países, es posible identificar algunos aspectos que pudieran explicar los precios de Panamá.

Panamá es uno de los países más pequeños de Latinoamérica por lo que no tiene economías de escala. También inciden negativamente los costos regulatorios y los costos de operación. Adicionalmente, hay escasez de recurso humano para la visita médica debido a requisitos de idoneidad que poco tienen que ver con la preparación académica y profesional, por lo que esa visita médica aquí es la más costosa de Latinoamérica.

El segundo eslabón es el más demonizado, pero de manera contundente se puede afirmar que la acusación sobre márgenes exorbitantes, superiores a 1,000%, es un infundio que solo refleja un total desconocimiento. Es falso. El margen bruto entre los agremiados de Aredis, apenas llega a 20% antes de gastos. También se les acusa de constituir monopolios u oligopolios. Es completamente falso, porque además, cada fabricante tiene dos, tres o cuatro distribuidores y venderá quien presta mejor servicio, da mayores descuentos y mayor crédito.

Las farmacias son el tercer eslabón. Sufren los mismos costos elevados que el resto del mercado, compiten por el mismo recurso humano especializado para todos sus turnos y están obligadas a dar 20% de descuento a sus clientes jubilados, medida esta que las obligó a incrementar sus precios.

Pudiendo obtener sus medicamentos totalmente gratuitos en la CSS, es inaceptable que los asegurados tengan que comprarlos en una farmacia privada porque hay desabastecimiento u otras ineficiencias que no les dejan alternativa.

Pero, acusar al proveedor de no entregar a la CSS para obligar al paciente a comprar en una farmacia privada, es otra desinformación temeraria. Además sería ilógico, porque ese medicamento que dispensa la CSS es casi siempre diferente al de las farmacias privadas, lo abastece un proveedor diferente y los volúmenes son diferentes ¿Por qué lo haría? ¿Qué ganaría?

La dinámica del sector público es diferente. La CSS y el MINSA compran sus medicamentos a través de licitaciones, directo al fabricante. Este participa poniendo su precio y comprometiéndose a las condiciones del pliego. El distribuidor local no es intermediario, y sólo cobra por servicios prestados, como un abogado le cobra a su representado. A través de los años las licitaciones de precio único (LPU) han logrado ahorros tan significativos como 20 y hasta 42 veces, comprando genéricos intercambiables con el innovador, es decir, con calidad, seguridad y eficacia similares al innovador. Posiblemente sean estos ahorros los que generan suspicacias. Piensan que esas reducciones de precio salen del margen del distribuidor porque confunden precio de medicamento innovador a público en farmacia privada versus precio de medicamento genérico en licitación. También confunden precio de medicamento a público versus precio del mismo medicamento en licitación. Comparan uvas con papaya.

¿Por qué hay desabastecimiento en la CSS? Hay una multiplicidad de factores que lo causan, pero es necesario resaltar por lo menos seis: (1) El más importante es la falta de sistema informático robusto que permita planificar oportunamente qué medicamentos comprar, cuánto, cuándo y para qué unidad ejecutora. (2) La demora superior a 2 años por la Corte Suprema de Justicia en fallar un Amparo de Garantías Constitucionales, -cuando debió resolverse en cuestión de días- causó serios desabastecimientos. (3) La interpretación errónea de la pasada Contraloría relativa a las LPU. (4) Rotación excesiva de personal calificado. (5) Procesos de licitación, excesivamente demorados, superaban18 meses desde la planificación del pliego hasta la entrega de la orden al proveedor. (6) Cobros en vigencia expirada toman hasta dos años en pagarse, pero el proveedor está obligado a seguir entregando.

¿Qué hacer? AREDIS sugiere trabajar conjuntamente con la CSS a la mayor brevedad posible para identificar las soluciones a los obstáculos existentes. Urge resolverlos y AREDIS puede contribuir.

El autor es presidente de la Asociación de Representantes y Distribuidores de Productos Farmacéuticos, AREDIS.