Para nadie es un secreto la frustración ciudadana por la poca efectividad de las medidas que adoptan los gobiernos para combatir la violencia y el crimen. Esta situación de inseguridad ciudadana ha sido el dolor de cabeza de los últimos gobiernos y la respuesta normalmente ha estado vinculada con el aumento de las penas y mayor represión policial, pero sin que se logre definir una política coherente e integral del Estado para el logro de esa paz ciudadana que todos aspiramos.

Todo ese temor ciudadano de ser víctima de la violencia y del crimen se une a otras inseguridades en materia de empleo, salud, deficiente educación, deficiente servicio de administración de justicia, corrupción, mal manejo de los recursos del Estado y ahora se une el tema de la inseguridad de la "seguridad social". Por ello, necesitamos respuestas integrales y no limitarse a las reformas legales o profesionalización de la policía, que únicamente se enfocan en castigar al delincuente pero no en resolver los problemas sociales que provocan la delincuencia y la inseguridad de los asociados.

Los gobiernos de la región centroamericana, han logrado dar una definición mucho más amplia al problema de la seguridad, en el tratado Marco de Seguridad Democrática en Centro América que fue suscrito por Panamá en el año de 1995. Según este tratado el modelo de seguridad debe estar basado en la democracia y el fortalecimiento de las instituciones y el estado de derecho y en el irrestricto respeto de todos los derechos humanos.

Esta nueva visión de seguridad ciudadana es reconocida en el Tratado Marco como inseparable de la dimensión humana, el respeto a la dignidad del ser humano, el mejoramiento de su calidad de vida, y el desarrollo pleno de sus potencialidades. Esta visión considera a la pobreza como una amenaza a la seguridad de los habitantes y a la estabilidad democrática de las sociedades centroamericanas y por lo tanto las políticas de seguridad ciudadana no se pueden limitar a las acciones de reducción de la criminalidad.

En el caso de Panamá, ya existe una "Propuesta de Política Criminológica", elaborada por una comisión intersectorial de alto nivel que fue presentada en diciembre de 2004 al actual presidente de la República. Esta propuesta aborda la integralidad del fenómeno criminológico y contempla sugerencias en materia de lucha contra la pobreza, el sistema penitenciario, la administración de justicia y hace propuestas concretas para promover la participación ciudadana, la educación en cultura de paz, la prevención del delito y el respeto a los derechos humanos.

Es necesario que se adopte en Panamá esta política criminológica de Estado y se cree el ente rector que liderice, coordine y supervise la ejecución de esta política criminológica. Si esto no se hace, las instituciones del Estado van a seguir desgastándose sin ningún buen resultado y la amenaza a la paz social seguirá latente.

Por otra parte, las reformas en materia de procedimiento penal y la elaboración de un nuevo Código Penal que se discuten en la Comisión de Estado por la Justicia, van a ser ineficaces si no se enmarcan en una coherente política criminológica de Estado, ya que la seguridad ciudadana es la condición de un Estado democrático y social de derecho.

Como decía el Presidente de la República en una reciente cadena nacional de televisión: "La paz social cuesta". Me imagino que hacía alusión a que la empresa privada y la clase media tienen que aportar a través de impuestos y las cuotas a la seguridad social, para lograr una mayor distribución de la riqueza y permitirle al gobierno invertir en desarrollo para todos y todas. En eso estamos de acuerdo, siempre y cuando el Estado invierta correctamente sus recursos, en lograr un mejor nivel de vida de la población y prevenir la violencia y el crimen.

La paz social es un derecho humano de los pueblos y depende mucho de las políticas de Estado encaminadas a lograr el respeto de todos esos derechos que anteriormente hemos mencionado. Una política criminológica de Estado acompañada de una reforma procesal penal garantista, que promueva los métodos alternos de resolución de conflictos y una política de Estado de lucha contra la corrupción y el despilfarro de los recursos del Estado, son parte importante de esa política de seguridad democrática que debemos lograr en nuestro país.