Hace días que quería escribir sobre nuestra querida ciudad de Panamá para referirme a sus espacios públicos (avenidas, aceras, servidumbres y parques) y a su crecimiento desordenado, y preguntar ¿quién es el responsable de cuidarlos, mantenerlos y desarrollarlos como un buen padre de familia?

Todos somos testigos diariamente de cómo estas áreas son invadidas, usurpadas y robadas por personas inescrupulosas, que se toman las aceras para construir terrazas, estacionamientos y locales comerciales; logran cambiar las zonificaciones residenciales establecidas para construir comercios o edificios gigantescos y además se toman la servidumbre pública para construir proyectos privados a vista de "las autoridades".

Cada vez que observo este caos, vuelvo y me pregunto: ¿Quién está a cargo de velar por los intereses de los ciudadanos, de aquellos que convivimos en esta ciudad? ¿Quién está a cargo de defendernos y de velar por nuestros bienes comunes? ¿El municipio, el alcalde, el Ministerio de Vivienda? ¿Quién?

En otras ciudades, como Lima o Bogotá, esta labor la hacen los municipios, y el propio alcalde es responsable de informar, educar y velar por los derechos de su ciudad y ciudadanos. En Panamá aún no parece estar claro quién es el responsable de velar por las áreas públicas de la ciudad y por el bienestar de sus ciudadanos.

Recientemente la ministra de Vivienda denunció una apropiación aparentemente ilegal de un área pública por parte de un condominio privado, lo cual aplaudimos; pero me pregunto si ella es la autoridad encargada de que estos abusos se eviten. ¿Por qué no se actuó previamente y se paró esta apropiación antes de ser construida? ¿Quiénes dieron esos permisos?

Irónicamente, ese mismo ministerio, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, está otorgando cambios de zonificación en toda la ciudad, especialmente en Bella Vista, San Francisco y Obarrio, que permiten la construcción de comercios y edificios altísimos en áreas residenciales. Esto aumenta la densidad en estos barrios cuyas calles no son capaces de soportar y que poco a poco irán explotando y se convertirán en un caos.

Entonces tomémonos el tiempo de analizar, como han hecho otras ciudades similares, para detener la construcción desenfrenada, el caos del tráfico y la falta de espacios públicos y estacionamientos. Empezando por lo cuidadosas y analíticas que han sido sus autoridades a la hora de otorgar permisos de construcción y cambios de zonificación.

Urge revisar los procedimientos y reglamentos existentes y establecer un mecanismo efectivo que procure a los ciudadanos el rol que les compete en la defensa de sus espacios y de su calidad de vida.

Ha llegado el momento de ponerle un alto a esta situación irregular, y de plantear una revaluación de la forma como se está conduciendo el tema urbano en Panamá.

La Junta de Urbanismo Municipal, recientemente creada, debe tomar cartas en el asunto y exigir a quien corresponda que se respete las zonificaciones existentes y que no se otorguen nuevos cambios que afecten la situación general de la ciudad y sus ciudadanos.

Las autoridades del municipio deben revisar detalladamente el uso de las servidumbres públicas, y no dejar que privados se apropien de aceras, calles, parques y avenidas que no les pertenecen para expandir sus negocios, construcciones o viviendas.

Señores del municipio y del Ministerio de Vivienda: ya es hora de ponerse los pantalones largos como ciudad y velar por los intereses de sus ciudadanos sobre los intereses particulares. Si no lo hacemos, todos, hasta ustedes que otorgan los permisos, nos veremos perjudicados y viviremos en una ciudad congestionada, sin áreas verdes ni aceras donde caminar, rodeados de cemento, y lo que es peor: una ciudad de gente enloquecida por el tráfico y por la falta de servicios públicos.

¿Es eso lo que queremos para nuestra ciudad? Si no, actuemos ahora. ¡Aún estamos a tiempo!

El autor es economista y consultor independiente