En la cuestión que estos días ocupa la mente de los panameños pensantes, yo parto de la siguiente premisa: los empleados, funcionarios y directivos de la Autoridad del Canal de Panamá son, en su inmensa mayoría, gente honesta y capaz, muy capaz.

Su honestidad está a la vista de todos. Prueba irrefutable de ello es que durante los seis años y nueve meses que han estado al frente de la ACP no ha habido acusaciones de corrupción, falta de transparencia, nepotismo o ninguna de las otras lacras que, lamentablemente, abundan en el resto del sector público. Y durante ese período han hecho inversiones por más de mil 500 millones de balboas en las obras relacionadas al ensanche del Corte Culebra y en compra de remolcadores, "mulas" y equipos diversos. Inversiones cuyos montos resultaron inferiores a lo presupuestado y en cuyas licitaciones no hubo el menor atisbo de ilegalidad.

Su capacidad también es evidente y ha sido reconocida por "tirios y troyanos". Una sólida prueba de esta afirmación es el récord de accidentes del Canal, más bajo inclusive que durante la administración de EU; el creciente aporte al erario es otra; la alta moral de sus empleados, otra más. Ciertamente son gente capaz. Y también lo hemos palpado de primera mano al escuchar las presentaciones de sus funcionarios en los diversos debates en que han participado, han sido todos lúcidos y bien documentados.

Vemos, pues, que la premisa central de mi análisis es razonable y resiste el más severo escrutinio.

Gente honesta y capaz, muy capaz, pero no infalibles ni "sabelotodos". Precisamente por eso estudiaron por cinco largos años la cuestión de la ampliación, al mismo tiempo que administraban el Canal mejor que nunca (otra prueba de su extraordinaria capacidad). Y contrataron los servicios de reconocidos consultores, nacionales e internacionales, para que arrojaran luz sobre los aspectos más complicados del proyecto. Fueron más de 130 estudios y consultorías sobre una diversidad de temas, económicos, financieros, ambientales, sociales, marítimos, hidráulicos, comerciales, en fin, la ACP hizo su tarea y la hizo bien, con la honestidad y capacidad que la caracteriza. ¿Cómo podemos nosotros, legos en la materia, tener dudas bien fundamentadas sobre la conveniencia de la ampliación?

No se trata de renunciar a nuestro derecho a pensar ni a subestimar nuestra capacidad de análisis. Por supuesto que no, borregos no somos, se trata precisamente de eso, de pensar, de pensar utilizando la lógica y el sentido común y no erigiéndonos en expertos instantáneos en materias muy complejas sin tener la preparación académica correspondiente y mucho menos el conocimiento adecuado.

Y la lógica elemental y el sentido común me dicen claramente que la ampliación de un negocio exitoso en un mercado en continuo crecimiento en el cual los dueños tienen 92 años de experiencia (450 si contamos a partir del Camino Real y el Camino de Cruces), y que ha sido analizada durante cinco años por gente honesta y capaz, asesorada por los mejores consultores, nacionales e internacionales, merece mi apoyo total, obvio y decidido. Además, el proyecto ha sido respaldado por los usuarios del servicio (quienes pagarán su costo a través del alza progresiva de peajes); no involucra nuevas tecnologías, ni embalses, ni reubicación de campesinos; su ubicación no afecta bosques primarios ni especies de fauna o flora de interés especial, su construcción no produce merma en los ingresos del erario y su ejecución será supervisada por una comisión independiente en la cual la sociedad civil tendrá importante participación. ¡Qué más podemos pedir!

Para concluir, debo señalar que el voto "Sí" representa muchísimo más que el mero asentimiento a una obra civil de gran envergadura y de vital importancia para el país, representa la esencia misma del ser panameño, el perfecto ejercicio de la soberanía; somos, al fin, dueños y señores de nuestro propio destino.