La salud es un derecho de todos los ciudadanos plasmado en la Constitución, sin discriminar si son asegurados o no. Por esto, parece claro que debe ser el Ministerio de Salud (Minsa) el rector de que este mandato constitucional se cumpla.

En 1941 se creó el régimen de Seguridad Social con la finalidad de ofrecer prestaciones, inicialmente por jubilación, posteriormente por salud y luego otros beneficios conexos, para aquellos trabajadores cotizantes que al final de su vida laboral y habiendo cumplido con ciertos requisitos como edad, número de cuotas y otros, podrían acogerse a este beneficio. Todo parecía ir bien, hasta la década de 1970 con el régimen militar y el Sistema Integrado de Salud. Desde entonces, la carga ha sido muy pesada.

Actualmente, la Caja de Seguro Social (CSS) recibe aportaciones de 913 mil cotizantes y atiende a un millón 600 mil beneficiarios aproximadamente. Es obvio que las cuentas no salen.

Pero además, el Minsa, durante muchas administraciones, ha desatendido su papel de rector de la salud de los panameños y, cómodamente, se ha recostado en la CSS como proveedora de la atención médica a esa porción importante de la población.

Hasta la pasada reforma, la situación de la CSS tenía una fórmula segura para el descalabro a corto plazo. Hoy, según algunos análisis, la situación está menos mal, pero todavía no se ha resuelto el problema fundamental. Como resultado, tenemos una institución que tanto financiera como administrativamente se quedó en el tiempo. Lo que es peor, ha habido un desarrollo desigual para el recurso humano (médico y paramédico), la inversión en equipos y medicamentos efectivos y oportunos, centros de salud funcionales y educación en salud.

El sistema actual, desafortunadamente, tiende a propiciar la desaparición del médico general, que está llamado a ser el proveedor de la atención primaria familiar y que debería tener un segmento de la población, incluyendo hombres, mujeres y niños, bajo su responsabilidad, conocerlos, saber quiénes son, su historial médico y darles seguimiento. A este médico le toca controlar el sobrepeso, aplicar las vacunas en adultos y niños, llevar el control ginecológico, ordenar papanicolaos, mamografías y exámenes de próstata; en fin, repito, conocer a sus pacientes. Pretender esto hoy es una quimera.

La mayoría de los pacientes, sin conocimientos de medicina, esperan que un especialista los atienda, hasta para tratar un resfriado. Si le duele la espalda, quiere ver a un ortopeda; si tiene una herida en la cabeza desea a un neurocirujano o a un cirujano plástico; si tiene dolores de cabeza, demanda a un neurólogo. El gran problema es que no hay suficientes especialistas para atender a toda esta población que además tiene demandas injustificadas desde el punto de vista médico. La situación se complica, porque el especialista se ocupa en asuntos que le previenen de atender oportunamente los casos que verdaderamente requieren su atención.

Los resultados son nefastos: demora en otorgar las citas o pacientes abarrotando los cuartos de urgencias.

Urge racionalizar la atención de salud por niveles, donde el médico general tenga las funciones que le son propias y que le han sido arrebatadas. Donde los especialistas, en un segundo nivel de especialidades básicas, tales como medicina interna y familiar, gineco-obstetricia, cirugía, pediatría y psiquiatría, puedan resolver lo que el generalista no puede hacer. Con un tercer nivel de subespecialistas que debería poder atender a todos los pacientes referidos de forma rápida, oportuna y eficaz.

Mientras el Minsa y la CSS no unifiquen sus esfuerzos financiera, administrativa y funcionalmente, ni todo el dinero del mundo nos podrá proveer un mejor sistema de atención y la población seguirá sufriendo.