Los costos de operación y campaña son un viejo problema y, en el proceso de reconstrucción democrática, los países latinoamericanos han probado varias alternativas. Una de las más reputadas es la asignación de un subsidio estatal a los partidos vigentes para que éstos amorticen sus costos de operación y reduzcan su dependencia respecto a los donantes. En algunos países ese subsidio tiene dos modalidades: una para los gastos del funcionamiento ordinario, y otra específica para enfrentar los costos de campaña. En ambos casos, el supuesto básico es que así los partidos y sus candidatos podrán ser más fieles a sus principios ideológicos y propuestas programáticas, sin subordinarse a quienes los financian.

Donde el subsidio es alto, se pueden establecer prohibiciones o restricciones para recibir donaciones, y los cuadros del partido tendrán mayor influencia en las decisiones políticas. Donde es bajo, resulta ineludible que el subsidio conviva con la recepción de donaciones, con lo cual los donantes podrán imponerse por encima del programa y de la voluntad de la membresía. Esto sólo tiene una solución conocida: no podrá haber donantes ni donaciones secretas, y la recepción y uso de las donaciones deberá transparentarse, mediante inspecciones a cargo de las autoridades electorales y/o de organizaciones sociales confiables e idóneas.

Esto necesariamente debe articularse con otras dos previsiones: una, reducir la duración de las campañas; otra, poner límite máximo a los gastos de campaña, inspeccionándolos a través de un adecuado sistema de áudito por la autoridad electoral y/o las organizaciones del caso. En una creciente cantidad de países latinoamericanos eso ya ha venido instrumentándose en la legislación y la práctica electorales.

Una parte considerable de los gastos de partido y campaña son los exagerados costos de los espacios en los medios de prensa, sobre todo los de televisión. En varios países, la ley establece espacios gratuitos para los distintos partidos, en horarios adecuados. Un método particularmente eficaz es el aplicado en Brasil, donde el único comprador de espacios políticos en los medios electrónicos es el Estado. La autoridad electoral negocia con los medios y luego distribuye los espacios entre los partidos, según normas previamente ponderadas. En consecuencia, el tiempo en televisión tiene costos mucho más razonables.

En ese caso los medios informan, en vez de esquilmar a los partidos y candidatos. La política se vuelve más democrática, una vez que partidos y candidatos ricos o pobres tienen condiciones más equitativas para competir. El control de la opinión pública deja de ser un privilegio de los más adinerados y los medios pasan a ser terreno de la competencia entre las ideas y las formas de presentarlas. Esto también es mejor para que se genere una programación de calidad, aunque los dueños de medios ganen un poco menos.

Y, por supuesto, tiene positivos efectos en la moralización de la política y la promoción de una nueva cultura cívica para las funciones políticas.

Tales son algunos de los temas que, entre varios más, deberán ser parte de un debate serio, de calidad, con vistas a la reforma del sistema político panameño. Con certeza, la ciudadanía que recién ha sobrevivido a una campaña electoral demasiado larga y agobiante, aplaudirá con gusto la consulta y adopción de este género de reformas.