La gran mayoría de los panameños carece de conciencia acerca de la existencia del derecho a la intimidad y la privacidad de sus comunicaciones. Este es el obvio resultado de 21 años de dictadura y 25 años de una débil democracia. Autoridades y empresas han violado, en mayor o menor medida, los derechos humanos de los ciudadanos, obteniendo beneficios personales, políticos y económicos de ello. Ahora, con los casos sobre el espionaje telefónico y de otros medios de telecomunicaciones, y la misteriosa desaparición de los equipos israelíes con los cuales se hacían las interceptaciones, la población tiene la oportunidad de exigirle a la clase política que, de una vez por todas, lo más privado e íntimo de parejas, familias, empresas, partidos políticos y organizaciones civiles, sea respetado y reconocido como un bien sagrado. La medida de la grandeza de un gobierno no es el poderío que ejerce, sino los derechos humanos de los ciudadanos que respeta.