El artículo 114 de la Constitución señala que “es deber fundamental del Estado garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación, en donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana”. En cualquier otro lugar, esto demandaría la consecución de políticas públicas y proyectos provechosos y amigables con el medio ambiente. Pero lo que vemos es una ausencia total de objetivos, de comunicación y de agendas entre las entidades a las que concierne preservar aquel principio consagrado en la Constitución. Mientras por un lado presuntamente se fiscaliza y sanciona a una mina, por el otro se potencia la práctica de esta actividad a cielo abierto y se reservan más hectáreas para su desarrollo, a costa de las zonas protegidas; si un órgano declara inconstitucional un contrato de explotación, el otro alcanza un entendimiento para que el concesionario, de todos modos, mantenga su operación, con el argumento de proteger los empleos y de la reactivación económica post pandemia. Va siendo hora que nuestros gobernantes honren sus deberes constitucionales y procuren estrategias de desarrollo sostenibles. No debe ser tan difícil.
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