Todos recordamos aquella resolución de Gabinete No. 69 de 2019, en la que este gobierno pretendía reemplazar la educación formal con experiencia laboral, a fin de darle cabida a su “feligresía” política que no contaba con los méritos académicos para ser nombrada en algunos puestos, según los requisitos que exige el manual ocupacional del sector público. Afortunadamente, la resolución fue demandada, y un fallo de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ocurrencia del Ejecutivo. La resolución fue objeto de duras críticas, pues significaba un evidente retroceso para el Estado y su modernización. La norma buscaba claramente darle trabajo a militantes del PRD que por entonces reclamaban (en redes y protestas callejeras) puestos de trabajo, en retribución por la búsqueda de votos a favor de la campaña que llevó al partido al poder, en 2019. Con esta resolución, nada impidió que el Gobierno contratara a personas ajenas al ejercicio de oficios que tradicionalmente fueron ejercidos por profesionales debidamente acreditados, técnica y académicamente. La sentencia ahora pone un alto a tanto disparate y desatino, y esperamos que se hagan las correcciones necesarias para poner al frente a profesionales legítimos.
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