Al inicio de la cuarentena, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió que solo atendería los habeas corpus y los amparos de garantías constitucionales. A pesar de que el tiempo de los magistrados está dedicado con exclusividad a estos temas, los recursos que buscan impugnar el toque de queda y las restricciones a los derechos constitucionales, se encuentran estancados. En países vecinos, las cortes supremas han tenido la eficacia y la velocidad para decidir la inconstitucionalidad de acciones presidenciales, en medio de la pandemia. Nadie cuestiona la necesidad de medidas sanitarias estrictas para reducir los contagios de la Covid-19 en nuestro país. Las impugnaciones impulsadas por toda gama de abogados buscan definir el alcance y la validez de las herramientas jurídicas que está usando el Órgano Ejecutivo, para restringir libertades y derechos. Si la pandemia continúa afectando al mundo, y otras medidas de control sanitario se hacen imperativas, es razonable esperar que la CSJ defina los límites de las actuaciones del gobierno, según la Constitución y los convenios internacionales de derechos humanos. Lo que no es aceptable es que un puñado de magistrados omitan sus funciones, y dejen este asunto en el aire.
Exclusivo
