Durante el tercer trimestre del año, la empresa First Quantum, dueña de Minera Panamá, completó la exportación y venta de las 122,520 toneladas de concentrado de cobre que estuvieron almacenadas en la mina de Donoso desde el cierre de la concesión, tras el fallo de inconstitucionalidad emitido por los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Luego de que el Gobierno aprobó, el 30 de mayo, el plan de Preservación y Manejo Seguro (P&SM), la minera canadiense logró exportar en junio 33,000 toneladas de concentrado de cobre, obteniendo 32,554 toneladas de cobre y 14,830 onzas de oro.
El resto del material se exportó entre julio y agosto, dejando 24,306 toneladas de cobre y 11,071 onzas de oro. En total, el procesamiento de las 122,520 toneladas de concentrado de cobre generó 32,554 toneladas de cobre y 14,830 onzas de oro.
“El proceso de exportación contó con la supervisión de representantes gubernamentales, así como de observadores ciudadanos independientes de las comunidades cercanas, con el propósito de fortalecer la transparencia y la comunicación con los grupos de interés”, indicó la minera.
El concentrado de cobre es el material que se obtiene luego de extraer y procesar la roca del yacimiento minero. En el proyecto Cobre Panamá, ubicado en Donoso, provincia de Colón, la operación consistía en extraer el material rocoso de los tajos, triturarlo, molerlo y someterlo a un proceso de flotación que permite separar los minerales de la roca.
El resultado es una masa de color gris con un alto contenido de cobre, así como pequeñas cantidades de oro, plata y otros minerales de valor comercial.
Antes del fallo de la CSJ, que determinó que el contrato firmado por Minera Panamá y la administración del expresidente Laurentino Cortizo incumplía en 25 puntos la Constitución Nacional, el concentrado extraído en Donoso y Omar Torrijos, en su mayoría, era enviado a fundidoras en China, así como a otras plantas en Japón, Corea del Sur, Filipinas, India, España y Alemania.
En el documento, la compañía canadiense enfatizó que “los ingresos provenientes de la venta del concentrado se utilizarán para financiar las actividades del P&SM, incluyendo los salarios de los empleados, los pagos a proveedores locales panameños y la gestión ambiental continua de la mina y sus alrededores”.
Igualmente, detalló que los costos de implementación del P&SM acumulados desde diciembre de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2025 totalizaron aproximadamente 360 millones de dólares, con un costo promedio de 15 millones de dólares mensuales en el tercer trimestre de este año.
Para el último cuatrimestre, la minera proyecta que los costos mensuales podrían alcanzar los 17 millones de dólares, producto de la entrada en operación de la central termoeléctrica a base de carbón, que entraría en funcionamiento para abastecer la concesión de 13 mil hectáreas de energía durante la fase de mantenimiento y auditoría que realiza la compañía SGS Panama Control Services (SGS), contratada por el Gobierno para determinar el cumplimiento ambiental.
First Quantum espera compensar parte del incremento en los costos mensuales con la venta del excedente de energía en el mercado ocasional panameño. La empresa ya obtuvo, por parte de las autoridades panameñas, los permisos correspondientes para retomar la operación de la central eléctrica.
La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) emitió, el 5 de junio de 2025, el certificado definitivo de autogeneración, y la Secretaría Nacional de Energía otorgó la licencia de importador-distribuidor de combustibles fósiles, sus derivados y/o biocombustibles para generación eléctrica, mediante la Resolución No. MIPRE-2025-0022057, con fecha del 20 de junio de 2025.
“La empresa ha iniciado las actividades de precomisionamiento de la planta eléctrica y la movilización de especialistas al sitio previo al reinicio de operaciones. El plan de preparación operativa y recomisionamiento está muy avanzado. Se prevé que la planta eléctrica reinicie operaciones en el cuarto trimestre de 2025, con la primera unidad de 150 megavatios programada para ser encendida y sincronizada con la red eléctrica en noviembre”, detalló First Quantum en su informe financiero.
En el documento, la empresa aseguró que, en la última auditoría realizada por las autoridades panameñas —la cual no está relacionada con la inspección que realiza SGS, sino con el Estudio de Impacto Ambiental— se obtuvo el 100% de cumplimiento en los 371 compromisos ambientales, sociales y de salud y seguridad ocupacional.
Sobre la auditoría de SGS, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, mencionó recientemente que la misma podría terminar en los primeros meses del próximo año. La firma fue contratada a través de un procedimiento excepcional por un monto de 539,791 dólares y por un periodo de seis meses.
La auditoría debe incluir un diagnóstico detallado de la mina en aspectos ambientales, legales, operativos y de riesgo, y abarcará la revisión de calidad de agua, suelo, aire, vegetación y manejo de relaves mineros.
SGS, filial de la multinacional suiza Société Générale de Surveillance, ya había sido contratada anteriormente para auditar las 132 mil toneladas de concentrado de cobre que quedaron en el sitio tras la declaración de inconstitucionalidad del contrato con el Estado en 2023.
Aunque el Gobierno asegura que se trata de una auditoría integral, grupos ambientalistas han puesto en duda el alcance de la inspección, señalando que no abarca todos los puntos ambientales establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental.
Durante la citación en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, donde respondió una serie de preguntas relacionadas con la mina de Donoso, Moltó indicó que están esperando que la empresa entregue la documentación e información comercial correspondiente ante el ministerio, para permitir el cálculo, verificación y posterior cobro de las regalías por parte del Estado panameño.
El contrato firmado en 1997 y declarado inconstitucional en 2017 establecía que el Estado panameño recibiría el 2% sobre las ventas brutas de la mina, mientras que el suscrito durante la administración Cortizo contemplaba un pago del 12% sobre las ganancias brutas.
Sin embargo, no está claro bajo qué normativa se establecería el porcentaje de regalías que recibiría el Estado.
La empresa señala en su estado financiero: “Los pagos de regalías asociados a las ventas de concentrado de cobre se realizan de forma diferida y se espera que se efectúen durante el cuarto trimestre de 2025”.
La Prensa preguntó al ministro Moltó, vía whatsapp, si ha habido alguna respuesta de Cobre Panamá sobre el pago de regalías al Estado por este concentrado exportado o qué espera el Gobierno, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
Informe al mercado
Durante una llamada con analistas de mercado, Tristán Pascall, CEO y director ejecutivo de First Quantum, comentó que la auditoría de SGS tomará cerca de seis meses y que el equipo de Cobre Panamá “brindará toda la información necesaria para apoyar a la firma y al Gobierno en la finalización de la auditoría”.
El ejecutivo aseguró que “si Cobre Panamá hubiera seguido operando desde 2023, la contribución al país podría haber alcanzado los mil millones de dólares para el Tesoro Nacional y dos mil millones para las empresas proveedoras locales”, y agregó que están preparados para iniciar conversaciones oficiales sobre el futuro de la concesión cuando así lo ordene el presidente José Raúl Mulino.
“Será el presidente (Mulino) quien establezca el cronograma y la hoja de ruta para alcanzar esos hitos y lograr el progreso. Por nuestra parte, hemos suspendido el arbitraje y nos comprometemos a un proceso constructivo. Seguiremos las directrices del presidente en cuanto al cronograma y llevaremos a cabo los trámites necesarios”, respondió Pascall a la pregunta de Orest Wowkodaw, de la división de Investigación de Banca Global y Mercados de Scotiabank, sobre la posibilidad de que las negociaciones inicien antes de que SGS culmine con la auditoría de la mina.
Un tema recurrente durante la llamada telefónica fue la afirmación que hiciera la empresa de que los recursos son propiedad del Estado panameño. En ese sentido, Dalton Baretto, de la División de Investigación de Canaccord Genuity Corp., preguntó a Pascall si la declaración podría asumirse como un punto de partida o posición para negociar con las autoridades panameñas.
Además, Baretto preguntó si ya se habían dado reuniones informales para definir los puntos que formarán parte de la negociación.
El director ejecutivo de First Quantum respondió que las conversaciones sostenidas con el Gobierno giran en torno al plan de conservación de la mina, pero dijo que están esperando el cronograma por parte de Mulino para adoptar una posición constructiva sobre el tema.
En cuanto al reconocimiento de la propiedad del mineral, Pascall señaló que “ciertamente, dado que pagábamos regalías anteriormente, esos pagos reconocen que es el pueblo panameño el propietario de los recursos, y comprendemos que eso es importante en términos del perfil de la mina y del perfil de la extracción en Panamá”.
El contrato firmado en 1997 y declarado inconstitucional en 2017 establecía que el Estado panameño recibiría el 2% sobre las ventas brutas de la mina, mientras que el suscrito durante la administración Cortizo contemplaba un pago del 12% sobre las ganancias brutas.
Antes de la pregunta de Baretto, el ejecutivo había comentado que “era comprensible que cualquier posible nuevo acuerdo deba aclarar que los recursos minerales pertenecen al pueblo panameño. First Quantum lo entiende perfectamente y, por lo tanto, estamos dispuestos a encontrar un acuerdo duradero para una estructura fiscal justa que refleje este hecho, así como la inversión de 10 mil millones de dólares que First Quantum ha realizado en el país.
Pascall expresó que ambas partes estarán motivadas para alcanzar una resolución justa, equitativa y mutuamente beneficiosa”.
Sobre la pregunta del tiempo que le tomaría a la empresa alcanzar el nivel de producción que tenía en 2023, en caso de lograrse un acuerdo con el Gobierno panameño, Pascall dijo que tomaría más de nueve meses alcanzar un nivel de 100 millones de toneladas procesadas.
