La intervención de Ueno Bank en Paraguay abrió una serie de comparaciones sobre la solidez de los sistemas bancarios y la capacidad de las autoridades regulatorias para responder ante una eventual crisis.
En Panamá, el episodio despertó interrogantes inmediatas: ¿podría ocurrir algo similar en el mercado local? ¿Qué falló en el esquema paraguayo y qué tan diferentes son los mecanismos de supervisión, prevención e intervención entre ambos países? ¿Con qué herramientas cuenta Panamá para detectar distorsiones en una entidad financiera y actuar antes de comprometer su estabilidad?
El debate cobró relevancia pública en medio de dos acontecimientos. El primero, Ueno Bank tenía fondos de pensiones de los paraguayos. La noticia despertó comentarios sobre la necesidad de vigilar en dónde se colocan los recursos de los fondos previsionales de Panamá.
La Caja de Seguro Social (CSS), por su parte y sin ninguna vinculación con el caso, publicó un informe trimestral sobre la distribución de sus reservas, que incluye los depósitos en la banca privada panameña, información que también suele aparecer en sus estados financieros. Estos representan apenas el 2.44% del portafolio global.
Mantener depósitos en bancos privados no constituye, por sí solo, una señal de riesgo. Fondos de pensiones como los de Japón y Noruega también contemplan la participación de gestores privados bajo parámetros de concentración y control.
El segundo elemento fue el mensaje que el presidente José Raúl Mulino publicó en X en respaldo a quien entonces era su homólogo paraguayo, Santiago Peña. La declaración llamó la atención en medio de la crisis de Ueno Bank, debido a los vínculos que Peña mantenía con la entidad financiera.
Aunque estas coincidencias alimentaron las comparaciones en la opinión pública, un análisis técnico del marco regulatorio y los balances bancarios demuestra que Panamá no enfrenta un escenario equivalente.
Conversamos con el regulador bancario panameño, y también con Otto Wolfschoon III, fundador de Okami Capital, firma de asesoría en finanzas corporativas con sede en Panamá, quienes advierten de diferencias bien marcadas, tanto en temas regulatorios como de composiciones de carteras.
Para dimensionar la distancia entre ambos mercados, es preciso examinar la anatomía del colapso de Ueno Bank, las fallas de gobernanza que ralentizaron la respuesta supervisora en Paraguay y la cadena de salvaguardas legales y métricas financieras que protegen al Centro Bancario Internacional de Panamá.
El colapso: autofinanciamiento y lentitud supervisora
Ueno Bank obtuvo su licencia bancaria a finales de 2023 y, en menos de tres años, logró captar el 9% de los depósitos del sistema paraguayo.
El 2 de noviembre de 2026, el Banco Central del Paraguay (BCP) inició su proceso de resolución, dejando al día siguiente a casi 3 millones de personas sin acceso a sus cuentas.
Se había desplomado su índice de solvencia al 5.6%, nivel que representa menos de la mitad del 12% exigido por la regulación de ese país. Este indicador mide la proporción de capital propio con la que una entidad respalda sus activos, por lo que su deterioro reflejó la incapacidad del banco para seguir absorbiendo pérdidas.
La causa de este menoscabo patrimonial residía en la acumulación de créditos irrecuperables otorgados a partes relacionadas. Entre septiembre de 2025 y mayo de 2026, la entidad desembolsó cerca de $146 millones a tres empresas vinculadas a sus accionistas, sin garantías reales y superando los límites legales, frente a un patrimonio reportado de $401 millones a junio de 2026.
De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía paraguaya, dichos préstamos no se pagaban con recursos reales, sino que se cancelaban mediante el otorgamiento de nuevos créditos del propio banco.
A la falla en la gestión crediticia se sumó un estancamiento en la supervisión. Aunque los controles de la Superintendencia de Bancos de Paraguay registraban el exceso de créditos a vinculados desde septiembre de 2025, la notificación formal se emitió el 5 de junio de 2026.
Diez días después, el banco intentó solventar la observación vendiendo dicha cartera por $74.4 millones a otra sociedad del grupo; no obstante, un informe interno reveló en agosto que la transacción había sido financiada por la propia entidad bancaria.
La demora de 14 meses en ejecutar la intervención respondió a la estructura de gobernanza paraguaya.
Las diferencias en la supervisión bancaria
Otto Wolfschoon III explicó que una de las principales diferencias entre ambos países está en las facultades del regulador. En Panamá, señaló, la ley otorga a la Superintendencia de Bancos controles más robustos y facultades más independientes.
En Paraguay, la Superintendencia es una subdivisión del Banco Central. Aunque ejerce la supervisión de la actividad bancaria, algunas decisiones y capacidades corresponden al Banco Central y no directamente al superintendente.
En Panamá, agregó Wolfschoon, cuando la Superintendencia identifica situaciones que ameritan una intervención, designa a un administrador interino. La ley establece un plazo de 30 días, prorrogable a 60, para determinar si corresponde una reorganización, una liquidación o devolver la gestión a los operadores de la entidad.
Por su parte, la SBP explicó ( a través de un cuestionario) que realiza inspecciones integrales cada dos años a todos los bancos. En los años en que no se realiza una inspección integral, procede con inspecciones de seguimiento para validar que observaciones anteriores hayan sido atendidas por la administración, si es que las hay.
Para los bancos con calificaciones 4 o 5, las revisiones son intensivas y contemplan entre dos y tres visitas durante el año para examinar sus operaciones y controles. Estas inspecciones son realizadas por equipos de auditores que acuden físicamente a las instalaciones de las entidades. Esto es una escala de riesgo del 1 al 5, donde el 1 es la entidad más sólida y el 5 de mayor de riesgo.
A este trabajo se suma un equipo de inspectores que realiza supervisión extra situ y monitorea durante todo el año la información que los bancos remiten a la Superintendencia. Las entidades entregan reportes semanales, mensuales, trimestrales y anuales.
Esta información frecuente, explicó la SBP, permite generar reportes de alerta temprana y actuar “rápidamente” ante incumplimientos o sospechas de incumplimiento. La entidad considera que sus procesos de monitoreo y seguimiento cumplen y exceden los estándares de supervisión requeridos internacionalmente a los reguladores bancarios.
Sobre la detección de excesos en los créditos a partes relacionadas, la Superintendencia señaló que cuenta con mecanismos para identificar prontamente situaciones de incumplimiento y procede de inmediato a contactar al banco. “Consideramos que el proceso de monitoreo y seguimiento de la SBP cumple y excede los estándares de supervisión requeridos internacionalmente a los reguladores bancarios”.
La aplicación de sanciones depende del monto, las fallas en los controles internos y la forma en que se generó el incumplimiento. En cualquier proceso sancionatorio, la SBP indicó que cumple con el debido proceso establecido en la ley bancaria, los acuerdos y las resoluciones de la institución.
Liquidez y seguro de depósitos
Wolfschoon sostuvo que la ausencia de un seguro de depósitos ha contribuido a que los bancos panameños mantengan posiciones más conservadoras y se cubran por encima de los requerimientos legales. Considera que esta condición hace que las juntas directivas y las administraciones sean más cautelosas, pues la responsabilidad frente a los depositantes recae directamente en las entidades.
La Superintendencia coincidió en que no contar con un seguro de depósitos ha llevado a los bancos, en términos generales, a adoptar posiciones más conservadoras al colocar sus fondos. Esto explica, según indicó, que mantengan altos niveles de liquidez pese al costo financiero que representa.
La SBP explicó que, al no existir un banco central ni un prestamista de última instancia, los bancos mantienen índices de liquidez muy por encima del mínimo requerido, casi el doble. Ese excedente debe permitirles hacer frente a eventuales corridas de depósitos.
Para vigilar esta capacidad, la Superintendencia monitorea semanalmente los índices de liquidez y, cuando lo considera necesario, con mayor frecuencia en algunos bancos. También, dijeron, realiza pruebas de estrés bajo distintos escenarios, con metodologías desarrolladas en conjunto con el Banco Mundial y evaluadas por el Fondo Monetario Internacional durante sus visitas periódicas al país.
Aún así, la SBP reveló que está evaluando la conveniencia de establecer, a mediano plazo, un seguro de depósitos como el que poseen los principales centros financieros, con el objetivo de mejorar la competitividad y el crecimiento del Centro Bancario Internacional.
