El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decretó este sábado una “emergencia nacional” para proteger en cuentas del Tesoro de Estados Unidos los ingresos por las ventas del petróleo en Venezuela, lo que evitaría que acreedores de la deuda externa venezolana reclamen los fondos.
El decreto busca proteger los ingresos derivados de la venta de petróleo venezolano que se encuentran bajo custodia del Gobierno estadounidense, ante el riesgo de embargos y acciones judiciales que, según la Casa Blanca, amenazan la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.
Según el comunicado de la Casa Blanca, la medida quedó formalizada mediante una orden ejecutiva que prohíbe cualquier embargo, ejecución judicial o reclamo privado sobre los llamados Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros, que incluyen recursos provenientes de ventas de petróleo, gas y diluyentes de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y del Banco Central de Venezuela, depositados en cuentas designadas del Departamento del Tesoro.
En el documento, Trump sostiene que permitir embargos sobre estos fondos interferiría gravemente con los esfuerzos de Washington para estabilizar económica y políticamente a Venezuela, lo que afectaría intereses estratégicos de Estados Unidos, entre ellos el control de la migración irregular, el combate al narcotráfico y la contención de actores considerados hostiles como Irán y Hezbolá.
La Casa Blanca subraya que los fondos siguen siendo propiedad soberana del Estado venezolano, y que Estados Unidos los mantiene únicamente en calidad de custodio, sin que ello implique uso comercial ni renuncia a la inmunidad soberana frente a acreedores o tribunales.
Demandas
Tras la expropiación petrolera que realizó el fallecido gobernante venezolano Hugo Chávez, ha habido cerca de 60 arbitrajes desde el 2000 contra Venezuela por un valor estimado total de 30.000 millones de dólares, casi el 15 % de su deuda internacional, según datos del Center on Global Energy Policy (CGEP), de la Universidad de Columbia.
“Los Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros son propiedad del Gobierno de Venezuela y no pertenecen a ningún particular, incluidos los acreedores judiciales de Venezuela o sus agencias o entidades, ni a actores comerciales que hayan realizado o estén realizando operaciones comerciales con Venezuela o sus agencias o entidades”, indica la resolución.
La orden ejecutiva establece que solo el Secretario del Tesoro, en coordinación con el Departamento de Estado, podrá autorizar cualquier desembolso o transferencia, siempre con fines públicos, gubernamentales o diplomáticos definidos por Washington.
Asimismo, instruye al Tesoro y al Departamento de Justicia a defender la inmunidad de estos recursos en cualquier proceso judicial.
Según el presidente, la posible incautación de estos ingresos constituye una “amenaza inusual y extraordinaria” que proviene del exterior y que justifica la activación de poderes especiales bajo la Ley de Emergencias Nacionales y la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.
La administración estadounidense deberá presentar informes periódicos al Congreso sobre el alcance y la evolución de esta emergencia nacional.
El pasado 3 de enero, Nicolás Maduro fue capturado tras una operación militar de Estados Unidos y trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos federales por narcoterrorismo y tráfico de drogas. Washington sostiene que la acción busca desmantelar redes ilícitas vinculadas al poder en Venezuela y restablecer la estabilidad política y de seguridad en el país.
Tras la caída de Maduro, el presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos controlará la venta del petróleo venezolano, al tiempo que invitó a las grandes petroleras a invertir en el país, ofreciendo garantías jurídicas y operativas para su retorno.
Pdvsa confirmó esta semana que está en conversaciones con la administración de Trump para la venta del crudo.
La administración estadounidense sostiene que la reactivación del sector energético será clave para la reconstrucción económica de Venezuela.
