La mañana del sábado 15 de noviembre cayó pesada sobre el edificio del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), donde la instalación de la Comisión de Salario Mínimo dejó ver, desde el primer saludo, que el país entraba a una negociación cargada de tensiones viejas y urgencias nuevas.
En los pasillos de esa entidad estatal, mientras se acomodaban las delegaciones, ya se repetía la misma idea: la economía llega sin aire, pero las necesidades sociales ya no admiten espera.
Los sindicatos ocuparon sus puestos con una demanda que llevan como un estandarte desde hace décadas: empujar el salario mínimo hacia los 900 dólares mensuales, el punto que —según dicen— toca por fin la vida real. Empuñaban cifras de crecimiento acumulado y recordaban, con tono fatigado, que el poder adquisitivo se ha ido deshaciendo como sal en agua.
Del otro lado de la mesa, los empresarios hablaban del otro rostro del país: un desempleo que ya coquetea con los dos dígitos, más de 700 mil panameños en la informalidad y miles de pequeñas empresas que sobreviven apenas por terquedad.
La demanda de los trabajadores
Cuando tomó la palabra, Aniano Pinzón, presidente del Consejo Nacional de los Trabajadores Organizados (Conato), dejó claro que la discusión no arrancaba en cero. “Los trabajadores panameños tenemos más de tres décadas de estar exigiendo sin éxito un salario mínimo decente, un salario que permita cubrir la canasta completa de bienes y servicios y no solamente la comida”, recordó, como si enumerara una herida.
Habló de gobiernos y empresarios repitiendo, año tras año, que no hay condiciones económicas, incluso en un país que llegó a ser el de mayor crecimiento en la región. Para él, ese argumento ya no resiste el peso de la historia.
En medio del silencio de la sala, Pinzón retomó las cuentas que Conato había presentado en la última fijación salarial en 2023: la canasta saludable del Ministerio de Salud, calculada en 1,800 dólares para una familia típica. “Eso significa que, en un hogar con dos personas ocupadas, el salario mínimo debía ser de 900 dólares por mes”, dijo. Pero la realidad era otra: 577 dólares promedio.
La brecha —insistió— exigía un ajuste de casi 58%, mientras que los últimos aumentos apenas avanzaron entre 4% y 6%. Para él, hablar de productividad, capacidades y crecimiento económico sin revisar salarios es repetir una ecuación incompleta.
El Gobierno y los empresarios
La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, intervino con un tono que buscó equilibrar la sala. Pidió respeto, autocrítica y recordó que la empresa privada —más que el Gobierno— sostiene el movimiento del empleo. “El sector empleador, quienes son realmente los encargados de la economía del país… el Gobierno no puede seguir cargando con el país”, dijo, marcando la línea de una mesa que deberá tomar decisiones para 2026.
También lanzó un aviso: el mecanismo de fijación del salario mínimo arrastra más de 60 años sin ajustes estructurales, y quizá esta sea la última mesa que funcione con el modelo intacto.
Del lado empresarial, Gabriel Diez pidió algo que pareció más una súplica que una recomendación: prudencia. Habló de hogares que ya no logran cubrir lo básico, pero también de pymes operando al borde del colapso.
Dijo que la negociación ocurre en un momento “especialmente frágil” y puso sobre la mesa dos cifras que congelaron varias miradas: un desempleo que supera el 10%, es decir, más de 320 mil personas buscando trabajo, y unos 700 mil panameños atrapados en la informalidad o el subempleo. Cualquier ajuste, advirtió, podría empujar a más empresas al precipicio.
La realidad laboral
El análisis más crudo vino del asesor laboral René Quevedo, quien recordó que la coyuntura económica presiona a esta Comisión como pocas veces antes. Aunque el Instituto de Estadística y Censo de la Contraloría (INEC) no ha publicado aún el Informe Laboral de 2025, todos dan por hecho que el desempleo volverá a los dos dígitos, un nivel que no se veía —fuera de la pandemia— desde 2005.
Quevedo desgranó cifras: entre 2012 y 2024, el país perdió 24 mil empleos privados formales, mientras sumó 63 mil funcionarios y 264 mil informales. “Por cada trabajador privado que pierde su empleo, lo reemplazan tres funcionarios y diez informales”, dijo. A eso se suma un salto de casi 40 mil millones de dólares en la deuda externa.
Para Quevedo, el país se ha convertido en una economía sostenida por endeudamiento y no por productividad, una estructura que se agravó tras el cierre de la mina y la pérdida del grado de inversión en marzo de 2024.
Los síntomas —déficit de circulante y contracción del consumo— se sienten hoy en cada mesa de discusión. Y mientras los delegados recogían sus documentos al final de la jornada, quedó flotando una sensación difícil de ignorar: esta negociación que abarca nueve sesiones en el Mitradel no solo decidirá un salario, sino el rumbo de un modelo laboral que ha empezado a mostrar sus límites.
