El gobierno presentará a la Asamblea Nacional en el siguiente período de sesiones la propuesta de reforma de la Ley 57 del 6 de agosto de 2008 conocida como la Ley General de Marina Mercante para modernizarla y actualizarla tras 17 años de vigencia.
El director general de marina mercante, Ramón Franco, adelantó en entrevista con La Prensa, algunos de los cambios que incluirá la ley, entre ellos que los registros para patentes de buques ya no sean provicionales, sino permanentes y que se recorte el tiempo del proceso.
“La reforma está enfocada en elevar la competitividad del registro de naves de bandera panameña, simplificando procesos, agilizando trámites, acortando los tiempos”, sostuvo.
Añadió que actualmente el sistema funciona con un registro provisional seguido de uno permanente, pero que con los cambios propuestos “se mantiene el mismo sistema, pero se da la opción de que el registro pase directamente al registro permanente. Aquí se ahorran meses, semanas de trámites o de gestiones”.
Franco también destacó que la reforma agilizará la inscripción de hipotecas navales y títulos de propiedad, lo que considera una ventaja importante para el sector financiero y marítimo internacional. “Para los grandes bancos esto es algo fabuloso, toda vez que se pueden registrar las hipotecas sin necesidad de establecer la escritura pública, de usar la escritura pública, presentarla directamente al consulado”, indicó.
Según el funcionario, estas modificaciones harán más eficientes las operaciones vinculadas al negocio marítimo global. “A nivel de transacciones que se hacen en el día a día del mundo marítimo, es altamente práctico y conveniente”, afirmó.
Franco reveló que el registro panameño mantiene actualmente unas 8,609 naves, aunque explicó que el país ha endurecido sus criterios de abanderamiento. “Estamos siendo más selectivos al momento de abanderar”, indicó, al señalar que Panamá aplica una política de “calidad sobre cantidad”.
Destacó que el país se mantiene como líder en número de embarcaciones, pero en segundo lugar en términos de tonelaje con 232.8 millones de toneladas de arqueo bruto (GT).
Añadió que las autoridades se enfocan en aceptar embarcaciones con buen desempeño técnico y descartan aquellas vinculadas a sanciones internacionales.
Franco señaló que también se han tomando medidas para desincorporar buques de la flota fantasma del registro de abanderamiento panameño.
Detalló que alrededor de 350 naves han sido canceladas o están en proceso de cancelación del registro de abanderamiento. Del total de las embarcaciones fantasmas excluídas del registro panameño, 193 estaban sancionadas por la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, 94 de las sanciones aplicadas por Reino Unido y 57 de la lista de sanciones de la Unión Europea.
Antecedente de reforma
La Prensa tuvo acceso a un papel de trabajo del 2022, en el que se planteó en una mesa de trabajo en la que Ramón Franco representaba a la Asociación Panameña de Derecho Marítimo, la modificación de esta ley.
Entre los cambios que se vienen arrastrando desde esa fecha está modernizar el Registro de Buques de Panamá y elevar su competitividad internacional. Entre las propuestas discutidas entonces figuraba la eliminación de la patente provisional de navegación como paso obligatorio dentro del proceso de abanderamiento.
La iniciativa contemplaba que las embarcaciones pudieran obtener directamente la patente reglamentaria mediante un número único, reduciendo tiempos y trámites administrativos. Precisamente, en su reciente entrevista, Ramón Franco mencionó que la reforma busca permitir el paso directo al registro permanente para agilizar procesos.
Otra de las medidas analizadas en esa mesa técnica era que la patente reglamentaria de navegación y la licencia de radio reglamentaria para naves de servicio internacional no tuvieran fecha de vencimiento, salvo excepciones especiales vinculadas al tipo de nave o a intereses del Estado panameño. El objetivo era ofrecer mayores ventajas competitivas al registro panameño frente a otros registros internacionales.
Las propuestas también apuntaban a flexibilizar y agilizar el proceso de abanderamiento. Entre los cambios planteados se incluía permitir que una parte interesada, con poder otorgado por el propietario de la nave, pudiera presentar la solicitud de registro, incorporando mecanismos más ágiles y apoyados en tecnología.
En materia de seguridad jurídica, la mesa de trabajo discutió reforzar los controles dentro de los procedimientos de cambio de propietario de las embarcaciones, exigiendo que el título del vendedor estuviera previamente registrado. Además, se propuso proteger a los acreedores hipotecarios estableciendo que la cancelación de oficio de una nave no afectara la validez de las hipotecas previamente inscritas en el Registro Público de Propiedad de Naves.
Las discusiones de 2022 también enfatizaban la necesidad de desarrollar estrategias permanentes de competitividad internacional para retener tonelaje dentro del registro panameño. El documento señalaba que Panamá debía mantener un análisis constante del mercado marítimo internacional, incluyendo la posibilidad de ampliar mecanismos de dispensas y propuestas económicas para fortalecer la flota mercante nacional.
En esas mesas técnicas participaban representantes de Apademar, la Cámara Marítima de Panamá, la Asociación de Armadores Panameños, organizaciones reconocidas del sector marítimo y entidades estatales como la AMP, Cancillería, el Registro Público, ARAP y el SENAN, entre otras instituciones vinculadas a la actividad marítima y portuaria del país. Ahora Franco retoma la propuesta.
