Panamá oficializó un nuevo marco regulatorio que reordena la pesca deportiva nacional y refuerza de manera estricta la protección de los peces picudos, como los vela y marlines, especies emblemáticas de las aguas istmeñas, se informó oficialmente este jueves.
La iniciativa se formalizó mediante la publicación en Gaceta Oficial de los Decretos Ejecutivos N° 9 y N° 10, firmados el pasado 10 de junio de 2026. Ambos textos legales actualizan de forma integral las reglas del sector, buscando un equilibrio entre el aprovechamiento económico responsable y la preservación de los ecosistemas costeros.
Reglas y protección de especies clave
Las nuevas normativas dividen sus esfuerzos de fiscalización en dos vertientes estratégicas coordinadas por la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP):
Decreto Ejecutivo N.° 9: Se encarga de reglamentar toda la actividad de pesca deportiva dentro de las aguas bajo soberanía y jurisdicción de la República de Panamá, estableciendo directrices claras para usuarios y operadores.
Decreto Ejecutivo N.° 10: Dicta disposiciones específicas y rigurosas para la protección de los peces picudos, como el pez vela y los distintos tipos de marlines, los cuales poseen un valor ecológico incalculable por su rol migratorio y su atractivo internacional.
La formulación de estas leyes fue el resultado de un extenso proceso técnico liderado por la ARAP, que incluyó consultas públicas abiertas y mesas de trabajo con científicos, operadores turísticos y pescadores deportivos para alcanzar consensos basados en la sostenibilidad.
Impacto económico y periodo de transición
El informe destaca que la pesca deportiva se ha consolidado como un motor económico de creciente importancia para Panamá, ya que dinamiza sectores clave como la hotelería, las marinas, el comercio local, el alquiler de embarcaciones y el empleo en los litorales.
Adicionalmente, la práctica aporta datos científicos de valor para el monitoreo de la biodiversidad marina del Pacífico y el Caribe panameño.
A fin de garantizar que los operadores turísticos, tripulaciones y las propias autoridades asimilen los nuevos controles, se determinó un periodo de adaptación de seis meses. Por consiguiente, los Decretos Ejecutivos N°.9 y N° 10 entrarán en vigencia total a partir del próximo 10 de diciembre de 2026.
Durante este lapso de transición, la ARAP mantendrá jornadas activas de divulgación y docencia para asegurar el correcto cumplimiento de las normativas a nivel nacional.
