Dos nuevos proyectos se sumaron a la lista de obras que el Gobierno pretende desarrollar bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP).
Las obras ya aparecen publicadas en la página web del Ente Rector, organismo estatal encargado de aprobar o rechazar las solicitudes de iniciativas que proponen las Entidades Públicas Contratantes (EPC).
Con las APP, los estados pueden desarrollar obras de infraestructura y servicios sin comprometer recursos inmediatos, ya que suelen ser contratos de largo plazo. En ellos se otorga una concesión para que el contratista recupere su inversión, o bien las instituciones estatales realicen pagos multianuales hasta cancelar la deuda.
Los nuevos proyectos que ya entraron en fase de factibilidad son el centro penitenciario de máxima seguridad, obra solicitada por el Ministerio de Gobierno, que se construiría en el sector de Pacora, en Panamá Este. Preliminarmente, se estima que la inversión alcanzará los 90 millones de dólares.
En el documento publicado se indica que la APP estaría destinada a contratar el diseño, construcción, operación y mantenimiento del Centro Penitenciario de Máxima Seguridad; no obstante, se aclara que el proyecto no incluye las funciones públicas relativas a la administración penitenciaria, la seguridad interna y externa o la reinserción social.
El segundo proyecto incluido en el listado de obras APP que se ejecutarían durante el actual quinquenio es la construcción, equipamiento, operación y mantenimiento del Centro Cultural, Deportivo y Administrativo del Municipio de Santiago, contrato que también incluye los estudios de factibilidad económica para el diseño.
El proyecto contaría con dos plantas soterradas de estacionamientos, de 6,090 metros cuadrados cada una, con capacidad mínima para 167 vehículos.
Además, contemplaría un centro cultural con museo-biblioteca, food court y baños en la planta baja; locales comerciales en el nivel 200 y bancos en el nivel 300; así como un componente deportivo en el nivel 400, con cancha multiusos para baloncesto y voleibol, gimnasio, área de entrenamiento para atletas con vestidores y un cuadrilátero de boxeo con graderías para eventos.
La infraestructura se completaría con una terraza tipo rooftop para actividades al aire libre, un auditorio tipo hemiciclo con palcos para un aforo mínimo de 300 personas y un edificio destinado al palacio municipal y oficinas administrativas.
De materializarse, sería la primera APP impulsada por un municipio en el interior del país. Según información aportada por el Municipio de Santiago en la solicitud de datos para estimar el costo del proyecto, la Alcaldía Municipal es propietaria de una finca de 6,120.79 metros cuadrados, ubicada en el centro urbano, entre las calles sexta y séptima, y entre la Avenida Central y la Avenida Sur.
En ese terreno funcionaban la piscina y el gimnasio municipal, infraestructuras que fueron demolidas hace más de 10 años. Desde entonces, el área se ha usado como un estacionamiento informal para atender el déficit de plazas en la Avenida Central de Santiago y sus alrededores; una situación que, de acuerdo con el Municipio, ha contribuido al congestionamiento vehicular y a la ocupación de vehículos en áreas de servidumbre pública.
Cambio de modelo
Un análisis del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) indica que las APP son un instrumento clave para potenciar la competitividad, cerrar brechas históricas de infraestructura y movilizar recursos financieros destinados a la inversión en Panamá.
“Este modelo de desarrollo moviliza capital privado, promueve innovación en la gestión de proyectos públicos y consolida una institucionalidad sólida que garantice sostenibilidad y transparencia a largo plazo”, señala el banco, que considera que las APP permiten descentralizar oportunidades, ampliar y mejorar servicios públicos, agilizar inversiones y generar empleo local.
Sin embargo, para lograr los efectos que han conseguido otros países al captar inversión extranjera directa (IED) a través de las APP, la CAF considera que Panamá requiere reforzar sus capacidades técnicas y de supervisión, garantizando una gobernanza eficiente sobre la infraestructura, los servicios y los recursos estratégicos.
Para el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Gabriel Diez, las APP son necesarias en muchas áreas, al ser un imán para atraer inversiones, generar empleos y brindar soluciones a la población.
“La ley existente es mejorable y debe mejorarse. Las APP bien estructuradas, por supuesto, generarían interés en las empresas nacionales para participar con otras empresas nacionales o en asociación con empresas extranjeras. Las APP deben considerar el trabajo a realizar, el tiempo y el método y garantía de pago, de manera que sean financiables por la banca local”, comentó Diez.
En esa misma línea, el presidente de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), Alejandro Ferrer, comenta que las asociaciones público-privadas son esenciales para cerrar brechas de infraestructura y mantener el dinamismo económico del país, pero, al igual que Diez, estima oportuno realizar cambios a la normativa actual para facilitar la participación de empresas nacionales.
“Queremos encontrar la forma de que las compañías nacionales puedan participar como consorcios”, dijo Ferrer, tomando en cuenta que las obras que se han adjudicado a la fecha bajo este esquema superan los 200 millones de dólares, superando la capacidad individual de los contratistas locales.
Cartera APP
El nuevo centro penitenciario para mujeres en Pacora y el complejo deportivo y cultural de Santiago se unen al listado de obras que están en proceso de ejecutarse bajo el esquema APP, como la construcción de cinco plantas agroindustriales en distintas regiones del país, con el objetivo de mejorar la producción de rubros nacionales como maíz y arroz, entre otros.
Las plantas se ubicarían en Chiriquí, Los Santos, Veraguas, Coclé y Panamá Este, y reemplazarían la infraestructura obsoleta o abandonada que actualmente se encuentra en esas zonas del país.
También en el portafolio de obras APP aparece la rehabilitación de la carretera del Puente Centenario y de la Autopista Panamá–La Chorrera, proyecto que incluye la construcción de nuevos carriles, y representará una inversión estimada de 382 millones de dólares, según el informe de prefactibilidad elaborado por la Corporación Financiera Internacional (CFI), entidad adscrita al Banco Mundial.
El contrato tendrá una duración de 25 años, de los cuales 13 meses se destinarán a la fase de preconstrucción, que contempla la realización de estudios técnicos y la obtención de permisos, mientras que la etapa de construcción tomará 30 meses, es decir, alrededor de dos años y medio.
Por el momento, el único contrato APP en ejecución corresponde a la rehabilitación y mantenimiento de la carretera Panamericana, que abarca 246.2 kilómetros entre las localidades de Pacora y Yaviza, a cargo de la empresa ISA Vías, a través de su filial Ruta del Este.
El contrato contempla una fase de rehabilitación de 20 meses, tras la cual la compañía administrará una concesión de 15 años, durante la cual será responsable del mantenimiento de la vía.
Por su parte, la licitación de un contrato similar, pero que contempla la rehabilitación de 192 kilómetros, desde La Loma de Campana hasta la ciudad de Santiago, está en fase de licitación, proceso que actualmente se encuentra detenido, luego de que la Dirección de Contrataciones Públicas ordenó que se realice un nuevo análisis de las propuestas recibidas, tras validar el reclamo interpuesto por uno de los contratistas.
Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el interés en Latinoamérica por las APP en los últimos años se ha incrementado producto de los bajos niveles de ingresos fiscales, una deuda pública que se mantiene alta y una urgente necesidad de invertir mayores recursos para acelerar los proyectos de infraestructura para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Se estima que en América Latina y el Caribe la mayoría de los proyectos de infraestructura son financiados con fondos públicos, mientras que las APP cubren aproximadamente entre el 10 y el 20% de las necesidades de infraestructura.
Aunque representan una oportunidad de captar IED, la Cepal advierte que no todos los proyectos deben hacerse mediante APP, tomando en cuenta las limitantes de los estados para administrar estos contratos.
“La capacidad de los gobiernos es un factor crítico; muchos resultados mixtos o negativos de las APP se explican por el hecho de que las autoridades públicas tienen una capacidad limitada para gestionar estos contratos, además de enfrentar problemas potenciales como corrupción, fraudes, entre otros”, comenta el organismo.
De acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2020), la región necesita no solo aumentar la inversión, sino también mejorar la planificación para seleccionar los proyectos con mayor impacto económico y sostenibles.
Además de estructurar proyectos que sean atractivos para la IED, así como fomentar la participación de contratistas locales, un reto de las APP en Panamá será la capacidad estatal de gestionar las concesiones que atravesarán múltiples administraciones.
