Desde la entrada en vigor del Tratado de Promoción Comercial (TPC) entre Panamá y Estados Unidos, el 31 de octubre de 2012, el país ha recurrido de manera recurrente a los mecanismos de defensa comercial contemplados en el propio acuerdo para enfrentar aumentos significativos de importaciones de productos agrícolas provenientes del mercado estadounidense.
El tratado, firmado en 2007, estableció un proceso gradual de reducción de aranceles que, en la mayoría de los casos, llevó a la eliminación total de los gravámenes en plazos de hasta 15 años, un período que ya se ha cumplido o está próximo a concluir para la mayor parte de los productos sensibles.
En ese marco, Panamá ha activado el Mecanismo Especial de Salvaguarda Agrícola cuando las importaciones de determinados productos superan los volúmenes de activación acordados en el tratado y generan presiones sobre la producción nacional.
Protección
Una salvaguarda es una medida temporal que permite aplicar un derecho adicional de importación por un período limitado, con el objetivo de dar margen de ajuste a los productores locales frente a picos de importaciones que amenazan su viabilidad económica.
Un recuento de las resoluciones emitidas por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) muestra que entre 2018 y 2026 se han abierto más de 60 procesos de investigación relacionados con posibles salvaguardas bajo el TPC con Estados Unidos.
Del total de estos procesos iniciados bajo el Mecanismo Especial de Salvaguarda Agrícola en el período 2018–2026, solo alrededor de una decena ha culminado en salvaguardas efectivamente aplicadas, principalmente en productos como quesos, carne de cerdo y arroz.
Entre 2018 y 2020 se registraron investigaciones puntuales, principalmente vinculadas a productos agrícolas básicos. A partir de 2021, el número de procesos aumentó de forma sostenida, con picos en 2022, 2024 y 2025, años en los que se concentraron investigaciones sobre arroz, carne de cerdo y productos lácteos.
En 2025 se abrieron más de una decena de investigaciones, de las cuales al menos tres culminaron en salvaguardas aplicadas. En 2026, ya se han iniciado nuevos procesos y se activó una salvaguarda sobre determinados quesos, al superarse el volumen de activación correspondiente.
En el detalle de los procesos abiertos, las investigaciones iniciadas entre 2018 y 2026 no se han limitado a categorías amplias, sino a productos específicos definidos por fracciones arancelarias.
Entre los más recurrentes figuran el queso mozzarella, queso cheddar, otros quesos semiduros, leche entera en polvo, leche descremada en polvo, helados, arroz con cáscara, arroz pilado, pollo entero, piezas de pollo y carne de cerdo fresca y congelada.
Solo en el caso de los lácteos, se han abierto investigaciones específicas sobre mozzarella, cheddar, leche en polvo y otros productos procesados en distintos años, lo que refleja una presión constante de las importaciones sobre la cadena local de producción de leche.
En el caso del arroz, los procesos han distinguido entre arroz en cáscara y arroz pilado, mientras que en las proteínas animales se han evaluado por separado cortes y presentaciones, lo que evidencia un monitoreo técnico producto por producto y no únicamente por rubros generales.
Panorama complejo
El sector ganadero y lechero ha sido uno de los más activos en solicitar la aplicación de estos mecanismos. Luis Martínez, dirigente de la Asociación de Ganaderos de Panamá, explicó que la salvaguarda aplicada este año al queso, en especial al mozzarella, responde a una situación de mercado compleja.
Según Martínez, las grandes pizzerías y cadenas de comida rápida prefieren comprar mozzarella importada debido a su menor precio y a la posibilidad de adquirir grandes volúmenes de forma constante, lo que deja en desventaja al producto nacional.
“El mozzarella es un tema muy difícil de defender porque las grandes pizzerías no quieren comprar producto nacional. Compran afuera porque es más barato y en volumen, y además son transnacionales”, señaló Martínez, al explicar que incluso con salvaguardias activas la preferencia del mercado no siempre se inclina hacia la producción local.
El dirigente ganadero advirtió que las salvaguardias ofrecen un alivio temporal, pero no resuelven los problemas estructurales del sector. Uno de los principales retos es la marcada estacionalidad de la producción de leche en Panamá.
Durante la estación lluviosa, entre junio y agosto, la producción aumenta, pero en la estación seca cae de manera significativa, reduciendo la oferta nacional justo cuando el mercado sigue demandando volúmenes estables.
Ante esta realidad, el sector ha planteado la necesidad de incrementar la producción durante la estación seca, aun cuando los costos sean más altos, como una estrategia para reducir la dependencia de productos importados.
Martínez explicó que los productores buscan mejorar la calidad de la leche, aumentar los sólidos totales y la proteína, y apostar por una producción más eficiente que permita competir en precio y calidad durante todo el año.
Nueva realidad
La preocupación se extiende al posible aumento de importaciones de leche ultrapasteurizada (UHT), un producto de larga vida que puede ser exportado con facilidad desde grandes mercados productores. Martínez advirtió que, de confirmarse un incremento sostenido de este tipo de importaciones, el impacto sobre el sector lechero nacional podría ser significativo, especialmente en ausencia de mejoras estructurales en productividad y tecnología.
El mercado de leche UHT en Estados Unidos ha mostrado un crecimiento sostenido y proyecciones firmes, con estimaciones que apuntan a un aumento desde alrededor de USD 45.2 mil millones en 2025 hasta cerca de USD 78.6 mil millones en 2031, lo que implica una tasa de crecimiento anual compuesta cercana al 9% en ese período.
Esto refleja una expansión tanto en producción como en comercialización, con una demanda interna robusta y mayores oportunidades de exportación.
El dirigente también señaló que, tras la eliminación progresiva de los aranceles prevista en el TPC, Panamá ya no cuenta con el margen de protección que existía en los primeros años del acuerdo.
“Los términos ya se acabaron, ya es cero arancel, y tenemos que aprender a competir”, afirmó, al tiempo que insistió en la necesidad de políticas complementarias que acompañen la apertura comercial, como incentivos a la inversión, mejoras genéticas, alimentación del ganado y prácticas de producción más eficientes.
Añadió que Estados Unidos no negociará un nuevo TPC con Panamá bajo el panorama actual, por lo cual, es importante que los productores panameños se adapten a esta nueva realidad.
Una situación similar se observa en el sector arrocero, donde también se han abierto procesos de investigación por salvaguardas en los últimos años.
Aunque no todos han derivado en medidas aplicadas, la recurrencia de estos procesos refleja la preocupación de los productores por el impacto de las importaciones en un mercado altamente sensible para la seguridad alimentaria del país.
El balance de los procesos de salvaguarda iniciados entre 2018 y 2026 muestra que Panamá ha utilizado los instrumentos previstos en el TPC para proteger sectores específicos cuando las importaciones superan los umbrales acordados.
Sin embargo, también evidencia las limitaciones de estas medidas en un contexto en el que la mayoría de los aranceles ya se encuentran en cero y la competencia se da principalmente en términos de costos, escala y eficiencia productiva.
Sobre la salvaguarda impuesta a inicios de mes, Daniel Tejada, director general de Defensa Comercial del Ministerio de Comercio e Industrias, explicó que las investigaciones iniciadas en enero conllevan una revisión diaria de los volúmenes de importación de una amplia gama de productos, entre los que se incluyen pollo, quesos como cheddar y mozzarella, leche en polvo, helados, arroz con cáscara y arroz pilado, entre otros.
En este escenario, las salvaguardas se mantienen como una herramienta válida pero temporal, incapaz por sí sola de garantizar la sostenibilidad de los sectores productivos nacionales.
La experiencia de los últimos años sugiere que, sin cambios estructurales que permitan elevar la productividad y reducir los costos de producción, la protección comercial tendrá un alcance cada vez más limitado frente a la dinámica del comercio internacional.
