El Gobierno de Costa Rica anunció que presentó una propuesta a Panamá para buscar una solución definitiva a la disputa comercial que mantienen ambos países desde 2019 y que actualmente permanece estancada en la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Según el comunicado, la propuesta fue enviada por la ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, Indiana Trejos, al ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, y plantea la firma de dos acuerdos paralelos que permitan atender las preocupaciones de ambas partes y reactivar el comercio bilateral.
El primero consiste en un memorando de entendimiento mediante el cual Costa Rica se comprometería a realizar las gestiones necesarias para tramitar las solicitudes de exportación que Panamá presente sobre productos de su interés. Según la propuesta, este proceso contaría con el acompañamiento de un organismo internacional para garantizar transparencia y generar confianza entre ambos gobiernos.
Un segundo acuerdo propone que Panamá y Costa Rica recurran a un arbitraje bajo las reglas de la OMC para resolver la apelación presentada por Panamá en febrero de 2025 contra el fallo que favoreció a Costa Rica, ante el Órgano de Apelación de la OMC, que permanece sin funcionar desde diciembre de 2019 debido a la falta de nombramiento de nuevos jueces.
El comunicado explica que en ese mecanismo arbitral, ambos países se comprometerían a aceptar y cumplir la decisión que emitan los árbitros internacionales.
“Esto permitiría llevar prosperidad a los productores y más opciones a los consumidores de ambos lados de la frontera y, además, contribuiría a las buenas relaciones que deben imperar entre ambos países”, señaló Trejos.
La propuesta se conoce días después de que Trejos, solicitara una reunión con Moltó para abordar asuntos relacionados con el transporte de carga en la frontera común.
En ese momento, consultado sobre un eventual avance en la disputa comercial entre Panamá y Costa Rica por las restricciones a las importaciones de productos lácteos, cárnicos y algunas frutas, Moltó señaló que no existían nuevas solicitudes de empresas costarricenses para ingresar sus productos al mercado panameño.
Un conflicto que se remonta a 2019
La controversia comercial comenzó en enero de 2019, cuando Panamá adoptó una serie de medidas que limitaron el ingreso de diversos productos agrícolas y pecuarios procedentes de Costa Rica, entre ellos banano, plátano, piña, fresas, carne de res, carne de pollo, carne de cerdo y productos lácteos.
Ante estas restricciones, Costa Rica presentó en 2021 una demanda contra Panamá ante el mecanismo de solución de diferencias de la OMC, al considerar que las medidas eran incompatibles con las normas del comercio internacional.
El grupo especial de la OMC emitió posteriormente un fallo favorable a Costa Rica, al concluir que Panamá había incurrido en más de 30 incumplimientos de las normas del organismo relacionadas con las restricciones impuestas a las exportaciones costarricenses.
Panamá apeló esa decisión en febrero de 2025. Sin embargo, el proceso quedó suspendido debido a que el Órgano de Apelación de la OMC no está operativo desde finales de 2019, situación que ha impedido una resolución definitiva del caso y ha mantenido el diferendo en un limbo jurídico.
La controversia volvió a escalar en mayo de este año, cuando la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, calificó las restricciones panameñas como un “bloqueo comercial” y anunció que recurriría a gestiones diplomáticas internacionales para lograr la reapertura del mercado panameño para productos como lácteos, papa, cebolla y otros bienes agropecuarios.
En respuesta, el presidente José Raúl Mulino anunció la suspensión de la venta de energía eléctrica a Costa Rica, invocando el principio de reciprocidad y señalando que las diferencias entre ambos países deben resolverse mediante el diálogo y no a través de declaraciones públicas.
Posteriormente, gremios empresariales de ambos países fijaron posiciones. Mientras organizaciones costarricenses solicitaron levantar las restricciones y cumplir el fallo de la OMC, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) y el Sindicato de Industriales de Panamá respaldaron la postura del Gobierno panameño, defendieron la necesidad de proteger la producción nacional y pidieron que cualquier solución se alcance mediante mecanismos técnicos y diplomáticos.
