La Contraloría General de la República redujo a $1,000 el límite para la delegación de refrendo en actos relacionados con el manejo de bienes y fondos públicos del Municipio de San Miguelito.
La medida, publicada en la Gaceta Oficial este martes 20 de enero, establece que coordinadores, jefes y supervisores de fiscalización de la Contraloría en ese distrito podrán refrendar documentos hasta ese monto, que anteriormente se encontraba fijado en $50,000.
Asimismo, se informó que las planillas ya no se procesarán en San Miguelito, sino en la sede central de la Contraloría General de la República.
La Resolución N.° 150-DNFG, del 16 de enero de 2026, “por la cual se aprueban delegaciones de refrendo que ejercerán servidores de la Dirección Nacional de Fiscalización General”, lleva la firma del contralor Anel Flores, quien en las últimas semanas ha sostenido diferencias con la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, relacionadas con el servicio de recolección de basura en ese distrito.
La controversia se originó cuando el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, junto con el director de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Ovil Moreno, anunciaron que dicha entidad, encargada de la recolección de basura en el distrito de Panamá, iniciaría la prestación del servicio en San Miguelito a partir del 19 de enero, pese a que aún se estaba a la espera del refrendo de la Contraloría.
Ante esta situación, Hernández aseguró que el contralor la contactó mediante una llamada telefónica el 4 de diciembre, para solicitarle que atendiera a la “dueña” de la empresa Revisalud y escuchara sus “explicaciones” sobre el servicio de recolección de basura en ese distrito.
Además, la alcaldesa reclamó a la Contraloría el no refrendo de los contratos temporales que permitirían a tres empresas prestar el servicio de recolección de desechos a partir del 19 de enero, una vez culminó el contrato de 25 años de concesión de Revisalud el pasado 18 de enero.
Por su parte, Flores afirmó que sí contactó a la alcaldesa, defendió la actuación de la Contraloría y negó haber ejercido presiones o tener intereses a favor de alguna concesionaria.
“Yo llamé con mucho respeto para que se escuchara a la persona. No tengo ningún interés. Lo único que hice fue servir de puente para que pudiera ser atendida”, afirmó Flores.
Incluso, Hernández presentó una demanda de nulidad contra la Resolución N° 1 del 13 de enero de 2026, mediante la cual se autoriza a la AAUD a prestar el servicio de recolección de basura en el distrito de San Miguelito, alegando que dicha resolución viola el artículo 11 de la Ley 51 de 2010, que establece que, en las reuniones de la Junta Directiva de esa entidad donde se tomen decisiones sobre el aseo urbano y la recolección de basura de un distrito en particular, el alcalde correspondiente tiene derecho a participar.
