Cobre Panamá anunció que contratará al menos 700 personas para el procesamiento del material rocoso acumulado en el proyecto minero ubicado en Donoso, provincia de Colón, como parte de las actividades autorizadas por el Gobierno dentro del Plan de Preservación y Gestión Segura.
La medida no implica la reactivación de la mina, sino el manejo de material extraído antes del cese de operaciones para mitigar riesgos ambientales, según aclaró el pasado 2 de enero el presidente de la República, José Raúl Mulino.
Maru Gálvez, gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá, explicó durante el Foro Visión Colón 2026, que la autorización otorgada por el Ejecutivo permite procesar más de 38 millones de toneladas de roca, cuyo tratamiento generará alrededor de 70 mil toneladas de cobre.
Detalló que este material no puede permanecer sin manejo adecuado, ya que su acumulación representa un riesgo ambiental, por lo que su procesamiento forma parte de las acciones técnicas aprobadas por el Estado.
Gálvez indicó que los 700 empleos directos que se crearán tendrán prioridad para mano de obra local, especialmente de comunidades cercanas a la mina en Donoso y otras áreas de la provincia de Colón.
Señaló que este criterio ya se aplicó en procesos anteriores y busca que el impacto económico de las actividades autorizadas se concentre en las zonas de influencia del proyecto.
“Estamos esperando que esta resolución formal llegue a nuestra empresa para iniciar este reclutamiento, porque el anuncio se dio el 2 de enero, pero estamos a la espera de que se emita el decreto, la resolución que lo formalice para poder iniciar”, informó Gálvez.
Además, sostuvo que el efecto en el empleo se extenderá a la cadena de proveedores y contratistas, lo que podría generar entre tres y cuatro empleos adicionales por cada puesto directo, asociados a servicios, transporte y suministro de insumos necesarios para el procesamiento del material rocoso.
El anuncio se produce luego de que el presidente de la República, José Raúl Mulino, informara el pasado 2 de enero ante la Asamblea Nacional que el Gobierno autorizó el procesamiento y la exportación del material rocoso y del concentrado de cobre acumulado antes del cierre de la mina, reiterando que la decisión no supone la reapertura de la actividad minera en el país.
Maru Gálvez explicó que, como parte del Plan de Preservación y Gestión Segura, se encendió en el último trimestre del año pasado, la planta termoeléctrica ubicada dentro del proyecto Cobre Panamá, una medida también autorizada por el Gobierno.
Señaló que esta termoeléctrica es necesaria para garantizar energía estable a los sistemas críticos del proyecto, permitir el funcionamiento seguro de instalaciones esenciales y evitar deterioros que podrían generar impactos ambientales.
“Para el procesamiento de la roca ya extraída será necesario utilizar parte de los equipos y de la planta, lo que a su vez requerirá la contratación de alrededor de 700 nuevos trabajadores, ya que será indispensable poner en marcha infraestructura para tratar este material”, agregó.
Gálvez indicó que antes de la aprobación de la auditoría integral que está en curso, la empresa tenía 1,100 trabajadores activos de los 7,000 empleos que generaban previo al cierre. Para las gestiones del plan de mantenimiento contrataron a 516 personas en ferias de reclutamiento a las que asistieron 4,000 personas.
Impacto económico del cierre
Maru Gálvez detalló que el proyecto Cobre Panamá antes de su cierre en noviembre de 2023, luego de declararse inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y la empresa filial de First Quatum Minerals, representó una de las mayores inversiones privadas en la historia del país, con $10,000 millones invertidos durante su etapa de construcción, entre 2012 y 2018, periodo en el que se registró el mayor impacto económico en la provincia de Colón.
Gálvez precisó que la mina inició operaciones en 2019 y solo estuvo activa cuatro años, de los cuales un año y medio coincidió con la pandemia, lo que limitó su curva de crecimiento antes del cese de operaciones en 2023.
En ese último año operativo, la empresa realizó pagos por $754 millones al Estado panameño.
Además, recalcó los aportes fiscales directos. Gálvez subrayó el impacto del encadenamiento productivo, al señalar que solo en 2023 Cobre Panamá realizó compras a empresas panameñas por $900 millones, cifra que triplicó las adquisiciones locales del Canal de Panamá ese mismo año.
Tras el cese de operaciones y durante la fase de preservación, las compras locales no superaron los $200 millones, lo que, según explicó, generó una brecha económica de más de $700 millones que se sintió a nivel nacional, especialmente en provincias como Colón.
La ejecutiva indicó que esta contracción afectó a proveedores, contratistas y empleo indirecto, reflejando el peso del proyecto en la economía formal del país.
