La Cámara Marítima de Panamá (CMP) manifestó su preocupación por la aplicación de un nuevo esquema de impuestos municipales que afecta a empresas del sector marítimo específicamente a las que que dan servicios marítimos auxiliares y de logística que operan en el distrito de Colón.
Las actividades afectadas son primordialmente empresas de servicios de lancha, entrega de proviciones a los barcos, las que se encargan de reparar embarcaciones y otros servicios navieros, por lo que la aplicación de este tributo municipal, que hasta ahora no se aplica a los puertos, encarece el servicio de las empresas.
El gremio marítimo considera que esta medida representa un doble impuesto pues ya pagan por estos servicios sus tributos al Gobierno central a través de la Autoridad Marítima de Panamá.
El gremio explicó en un comunicado que, bajo la figura de “servicios navieros”, el Municipio de Colón, cuyo alcalde es Diógenes Galván, ha impuesto desde el año 2024, un tributo que contempla cobros mensuales que van desde $500 hasta $9,000 por empresa o embarcación, además de cargos retroactivos por operaciones de años anteriores.
En algunos casos, según expresó el gremio marítimo, estos montos han llevado incluso al secuestro de cuentas bancarias, afectando la operación regular de compañías formales que generan miles de empleos.
La advertencia surge en un contexto en el que el propio alcalde de Colón, se quebaja esta semana durante la celebración de las fiestas patrias, que ese municipio no recibía aportes de los puertos y de la Zona Libre Colón. Las empresas del sector temen que se impongan otros tributos dada la declaración de Galván de esta semana.
La Cámara Marítima precisa que el Municipio de Colón ha aplicado cobros retroactivos por actividades realizadas en años anteriores “que han ascendido a cifras exorbitantes, lo cual ha llevado al secuestro de cuentas bancarias, afectando la operación regular de empresas formales que generan empleo local".
Mencionan también que “este tributo se impone sin criterios técnicos estandarizados, quedando muchas veces sujeto a la interpretación o discrecionalidad de un inspector municipal”.
Según la CMP, este nuevo impuesto —establecido en el Acuerdo Municipal No. 101-40-19 de 2024 de diciembre de 2024 y modificado por el Acuerdo No. 101-40-01 de 2025 del 23 de enero de este año— carece de sustento jurídico claro y se aplica sin criterios técnicos estandarizados, quedando muchas veces a discreción de los inspectores municipales.
“Creemos que las medidas fiscales deben estar alineadas con el marco legal nacional, especialmente en sectores regulados por leyes especiales como el marítimo. La doble tributación es un aspecto que debe analizarse con objetividad y legalidad”, señaló el gremio en un comunicado.
El sector marítimo representa alrededor del 34% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y genera más de 320,000 empleos directos, indirectos e inducidos, siendo uno de los pilares económicos de Panamá.
“Colón alberga 3 puertos de contenedores y 3 terminales de combustible y energía, cada uno de los cuales genera entre 1,000 y 1,500 empleos directos e indirectos", expresó el gremio al señalar la necesidad de establecer puentes de diálogo entre el Municipio de Colón y la Autoridad Marítima de Panamá para llegar a acuerdos basados en el respeto al marco legal vigente.
“Hasta el momento, no se ha recibido un sustento jurídico claro que respalde plenamente la legalidad y proporcionalidad de este nuevo cobro”, agregó la Cámara en un comunicado.
Además, el gremio marítimo advirtió que esta medida podría provocar un desplazamiento de empresasde servicios marítimos auxiliares hacia otros puertos del país, debilitando el tejido económico y social de la provincia de Colón, que actualmente alberga tres puertos de contenedores y tres terminales de combustible y energía.
Ante esta situación, la CMP propuso tres acciones inmediatas:
Suspender temporalmente los cobros retroactivos y coercitivos mientras se aclara el sustento legal.
Crear una mesa técnica entre el Municipio de Colón, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y los gremios empresariales.
Alinear las medidas con la Estrategia Marítima Nacional, conforme al artículo 317 de la Constitución.
La Cámara Marítima reiteró su disposición al diálogo y al trabajo conjunto con las autoridades para garantizar un entorno de inversión, empleo y competitividad sostenible en Colón y en todo el país.
